El Defensor del Pueblo ha pedido a las administraciones reforzar las medidas de prevención de incendios forestales y mejorar la resistencia y recuperación de los montes frente al fuego. Esta solicitud, que se concreta en recordatorios de deberes legales, se formula tras analizar una veintena de actuaciones de oficio que la institución inició tras los graves incendios ocurridos el pasado verano y la necesidad de comprobar el grado de cumplimiento de las medidas urgentes aprobadas por el Gobierno en agosto de 2022 (Real Decreto Ley 15/2022).
La institución recordó que hasta el 31 de octubre de 2022 en España se habían quemado 265.090 hectáreas forestales, lo que hizo que el año pasado fuese el que más superficie quemada tuvo de lo que va de siglo. La implantación de las medidas propuestas, según la información recibida, requiere de un impulso. “Sólo así se podrá hacer frente a uno de los principales problemas medioambientales del país: los incendios forestales como factor de degradación de los ecosistemas naturales”.
El Defensor del Pueblo señaló, tanto a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente como a las comunidades autónomas y a las diputaciones forales, que “el incremento de las temperaturas, la disminución de las precipitaciones y la sequía, como consecuencia del cambio climático, configuran un escenario de constante incremento de la gravedad de los incendios. Y esto obliga a prestar mayor atención a las medidas preventivas y de gestión forestal sostenible. Debe superarse el enfoque del incendio únicamente como emergencia e incidirse en la prevención”.
Para ello, recordó que “es necesario avanzar en la implantación de una gestión forestal sostenible y que es aconsejable incrementar la superficie forestal de calidad, donde la mezcla de especies autóctonas aumente la biodiversidad y genere masas forestales con mayor capacidad para recuperarse tras un incendio, e incide en que se ha de priorizar un uso racional del recurso que tenga en cuenta los aspectos ambientales, económicos y sociales”.
Asimismo, “la planificación territorial y urbanística ha de preservar el uso del suelo forestal de la urbanización, y que las administraciones públicas tienen la obligación de ejercer rigurosamente la potestad de restablecer la legalidad urbanística con el fin de evitar que se consoliden urbanizaciones ilegales en los montes. Es crucial asegurar la coherencia entre política forestal y urbanística”, subrayó el Defensor.
Recursos
Los recordatorios de deberes legales remitidos apuntan también que “las administraciones públicas han de asumir y enfrentar el incremento de recursos públicos necesarios para atender las labores de extinción, la indemnización de los daños y la restauración de los montes”.
Para el equipo que dirige Ángel Gabilondo es, además, preciso disponer de un marco de actuación e intervención común y consensuado que garantice la coordinación de distintas administraciones y organismos públicos, así como el empleo eficiente de los recursos disponibles. “El fuego no entiende de fronteras ni de competencias por lo que se hace necesario disponer de un marco común que garantice una coordinación eficiente de las unidades de extinción. Las administraciones deben dotarse de equipos multidisciplinares convenientemente formados y capaces de intervenir, no solo en las acciones de extinción sino en la evaluación de las medidas de gestión que haya que aplicar en cada lugar”, concluyó.