El Servicio Público de Empleo de Castilla y León desarrollará durante la legislatura una estrategia dotada con cerca de 1.200 millones de euros destinada a “mejorar la empleabilidad de los trabajadores, atender las necesidades de las empresas y seguir reduciendo el desempleo en la Comunidad”. Así lo anunció el consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, durante su comparecencia en las Cortes regionales para desgranar su programa de gobierno para cuatro años, donde explicó que reforzarán institucionalmente al EcyL y mejorarán las políticas de empleo local.
En este sentido, anunció que acercarán el ECyL al ciudadano, especialmente en el medio rural, para lo que “reforzarán” la colaboración con las entidades locales, integrándolas plenamente en las políticas activas de empleo para “aprovechar sinergias, optimizar recursos y actuar con una estrategia común, con la implantación de puntos de atención en cabeceras de comarca, evitando así desplazamientos a demandantes de empleo”, dijo, como recoge Ical.
Asimismo, apostó por “buscar más eficacia, más estabilidad y mejor respuesta al territorio” con soluciones adaptadas a la realidad de cada municipio, frente a los modelos uniformes. “Debemos diferenciar entre necesidades estructurales, que han de abordarse promoviendo estabilidad en el empleo, de necesidades coyunturales, que deben tener instrumentos específicos”,, dijo.
Suárez-Quiñones también indicó que la labor del EcyL estará orientada a “ofrecer una atención cada vez más personalizada a desempleados y empresas mediante la modernización de sus servicios, el uso de nuevas herramientas digitales y el refuerzo de la orientación laboral, adaptando las políticas activas de empleo a las características de cada persona y a las necesidades reales del mercado de trabajo y del territorio”.
Entre las principales novedades de la legislatura, indicó el consejero, figura el impulso del programa Talento Empleo Castilla y León (TALEM) para reforzar la conexión entre universidad y empresa, facilitar la incorporación de jóvenes titulados al mercado laboral y favorecer la retención y atracción de talento en la Comunidad.
La formación para el empleo, prosiguió el consejero, continuará siendo uno de los principales instrumentos de actuación. La Consejería potenciará así la actividad de los ocho centros propios de formación, pondrá en marcha el nuevo centro de Soria ligado a las energías renovables y promoverá nuevas fórmulas de colaboración con las empresas que integren formación e incorporación al empleo.
El consejero también indicó que el ECYL reforzará asimismo su papel de intermediación laboral mediante una actuación más activa y proactiva con las empresas, anticipándose a sus necesidades de personal y mejorando la conexión entre oferta y demanda de empleo.
El ECYL seguirá desarrollando programas específicos dirigidos a jóvenes, mujeres, mayores de 45 años, desempleados de larga duración y personas con mayores dificultades de inserción laboral, reforzando igualmente la colaboración con entidades sociales especializadas para mejorar la inserción de los colectivos más vulnerables.
Asimismo, la Junta avanzará en la simplificación administrativa mediante la implantación de una solicitud única de ayudas para autónomos, que permitirá acceder mediante una sola tramitación a las distintas líneas de apoyo convocadas por la Consejería.
La modernización del sistema autonómico de empleo se completará con la elaboración de un Mapa Autonómico del Empleo que identifique todos los recursos disponibles, el impulso de nuevas herramientas digitales para mejorar la intermediación entre empresas y trabajadores y el refuerzo institucional del ECYL, que incluirá la actualización de su marco normativo y la mejora de sus recursos humanos e infraestructuras.
Para finalizar, el consejero defendió que el modelo de empleo de esta legislatura “debe ser también, de forma inequívoca, un modelo de corresponsabilidad activa”, y así, darán importancia al “acuerdo de actividad, con seguimiento riguroso y tutorización bajo un marco de corresponsabilidad entre la Administración y la persona, tanto en el acceso a los servicios y actuaciones de empleo, orientación o formación, como en la participación en las actuaciones acordadas para favorecer su empleabilidad y mejorar sus oportunidades de acceso, mantenimiento o mejora en el empleo”.