El fiscal superior de Justicia de Castilla y León, Santiago Mena, alertó hoy en las Cortes de que en la “mayor parte” de los delitos en el ámbito de la jurisdicción de los menores intervienen medios digitales como el teléfono, las aplicaciones y las redes sociales. En este sentido, se mostró esperanzado en que este tipo de acciones descienda con la puesta en marcha de algunas medidas como la prohibición del uso del teléfono móvil en las aulas.
En la presentación en el Parlamento autonómico de la Memoria de la Fiscalía correspondiente al 2022, Mena subrayó que los delitos por abusos sexuales aumentaron un once por ciento con respecto al año anterior, hasta los 61. Agresiones que, precisó, atentan contra la libertad sexual pero también tienen un trasfondo de exhibicionismo. Apuntó en este sentido que para los jóvenes cometer un acto delictivo que les satisface “se convierte en mucho más completo si se da a conocer a sus seguidores y cuanto más mejor”.
En este sentido, recordó que los medios de comunicación y la sociedad comprueban que esas “auténticas barbaridades” cometidas por los jóvenes se deben colgar, de forma inmediata, en las redes sociales para que lo sepa el mayor número de personas posibles. “Además de delincuentes, piensan lo buenísimos que son porque han hecho la mayor barbaridad para que todos los demás les den el ‘like’”, señaló.
También, hizo referencia a los asuntos de la violencia familiar, con hijos que agreden a sus padres. “Es menos el número que la aparatosidad de la naturaleza de los asuntos por generan una propagación en los medios de comunicación que generan desazón en la sociedad”, declaró. El fiscal aseguró que muchos de estos asuntos están relacionadas con las adicciones a las herramientas digitales, además de otras consecuencias como el bajo rendimiento escolar y el trastorno grave de sueño.
Santiago Mena ofreció, según la Agencia Ical, algunos de los datos recogidos en la memoria de la Fiscalía de Castilla y León como los procedimientos en material penal, que representan la actividad principal de los órganos durante el año 2022, cuando se incoaron 75.153 diligencias previas, 6.871 diligencias urgentes, 15.262 juicios por delitos leves, 128 sumarios y 23 procedimientos con jurado. Es decir, un volumen total de nuevos procedimientos de 97.437, casi 100.000, que supone un 9,3 por ciento más que las del año anterior, en el que se incoaron 89.126 asuntos por estos mismos conceptos. Crecieron, además, un 23 por ciento por encima de 2020, aunque se observan las mismas mismas cifras que en 2019, antes de la pandemia, cuando se llegó a los 95.000.
Los delitos contra la libertad sexual crecieron casi un 20 por ciento en 2022 en Castilla y León, hasta totalizar 1.354 procedimientos incoados en la Comunidad, de los que 1.021 lo fueron en diligencias previas, concepto que incluso se incrementa más, un 25 por ciento.
Además, se acordaron 32 medidas de prisión provisional, un 18 por ciento menos que el año anterior. Se redactaron por las fiscalías 215 escritos de acusación frente a las 188 del año anterior, un 14,3 por ciento más que en 2022; y se dictaron 228 sentencias, 16 menos, lo que supone un descenso del 6,5 por ciento. Igualmente, en 2020 el número de calificaciones fue de 164 y 122 sentencias; mientras que un año antes, de 188 y 168, respectivamente.
Datos que, apuntó, constatan que ya se ha recuperado la actividad judicial previa a la pandemia del COVID, por que las cifras son muy similares a las de 2021. Apuntó que los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico son los más numerosos, un año más.
En cuanto a los delitos contra la violencia sobre la mujer, en 2022 hubo un incremento del tres por ciento, al pasar de los 6.900 a los 7.100 asuntos. Destacó el aumento del 29 por ciento de los asuntos de acusación, con el delito más habitual de maltrato ocasional y quebrantamiento de medida de condena, que duplicó su incidencia.
También se refirió a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, del artículo 416, que inicialmente permitía a las víctimas y familiares acogerse al derecho de no declarar contra el presunto agresor como su marido o pareja. Pese a que el criterio es más restrictivo, Mena lamentó que muchos asuntos no siguen adelante por que es la única prueba que existe.
Incendios forestales
En materia de incendios forestales, Santiago Mena reconoció que la realidad del cambio climático y la emergencia ambiental debe llevar a la sociedad a una “profunda” reflexión sobre el cuidado y la protección del entorno, especialmente delicado en Castilla y León. “Reiteramos la necesidad de dotar de más medios personales y materiales para la lucha contra la problemática de los incendios tras comprobar que en 2022 se quemaron 97.800 hectáreas, que supone 980 kilómetros cuadrados o lo que es lo mismo el doble de la extensión de la isla de Ibiza”, sentenció.
Un año 2022, que fue especialmente virulento con incendios muy importantes en las provincias de Zamora, Salamanca y Burgos, y donde la Fiscalía incoó diligencias por denuncias contra responsables de la Consejería de Medio Ambiente, aunque, tras practicar las investigaciones y las pesquisas, se concluyó que, desde el punto de vista penal, no había motivos para determinar una responsabilidad penal.
Incapacidades
El fiscal general señaló que el ámbito de la discapacidad tiene una “importancia extrema” y la incidencia de la reforma de la ley sobre la legislación civil y procesal para el apoyo de las personas con discapacidad. No en vano, reconoció el cambio de paradigma de lo que se consideraba la privación de capacidad a las personas que durante décadas no se discriminaba y cuando alguien tenía problemas mentales se le declaraba la incapacidad, hasta suponer su “muerte civil” con el nombramiento de un tutor. Tras considerar “excesivo” por que esas personas solo necesitaban apoyos en parte de sus actividades vitales pero no en todas como la privación del voto o la gestión de parte de su patrimonio.
Mena apuntó que Castilla y León no tiene transferidas las competencias de justicia, algo que aseguró que no sería positivo. Otra cosa, es la necesidad de dotar de más medios humanos y técnicos para desarrollar su labor. En todo caso, dejó claro que las relaciones entre la Fiscalía y la Junta son “extraordinarias” en materias como educación, sanidad, servicios sociales y medio ambiente, entre otros. “Aquí, no existen puntos de conflicto tan fuertes como en otras comunidades donde el Ministerio Fiscal depende de la administración autonómica por que la colaboración y el trato es inmejorable”, apuntó. El fiscal general citó las numerosas actividades conjuntas con la Junta y las colaboraciones con las consejerías y también con las Cortes.
Eso sí, en el ámbitos de menores de edad, manifestó que hay “cosas” que no le gustan a la Fiscalía de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Puso los ejemplos de la falta de un servicio de guardia en el Centro de Zambrana o que un fiscal no puede contactar con una persona de la Junta al no estar localizado las 24 horas, tal y como ocurre con la Fiscalía y el Juzgado de Menores. “La idea es completar las deficiencias de los otros”, añadió.
Mena recordó que, en la actualidad, hay 131 fiscales en Castilla y León, repartidos entre las diferentes materias, además de otros 135 funcionarios de la Administración de Justicia que trabajan para la Fiscalía. Destacó que casi el 75 por ciento de la plantilla del Ministerio Fiscal en la Comunidad es mujer, un porcentaje que no ha dejado de aumentar en los últimos años.
Además, recordó a los procuradores la forma de actuar de la carrera fiscal, al precisar que trabaja en equipo en una “única dirección” y que las decisiones que se toman son consensuadas, por el principio de unidad de actuación en todo el territorio nacional. “No se nos puede equiparar un juez con un fiscal, por que sus funciones son muy diferentes. El fiscal trabaja para la administración de justicia pero no para un juez”, aseveró. También, señaló que la labor del fiscal se guía por los principios de legalidad y imparcialidad y dejó claro no son son independientes a la hora de trabajar, por que no está fijado en ningún lugar, a diferencia de lo que ocurre con los jueces.
La comparecencia en la Comisión de la Presidencia fue interrumpida por espacio de quince minutos, por el minuto de silencio a las 11 horas por la muerte de los dos agentes de la Guardia Civil en Barbate (Cádiz) el pasado viernes a las puertas de las Cortes.