El Gobierno ha confirmado que denunciará ante la ONU, el Parlamento Europeo y el Consejo de Europa el anteproyecto de la ley de la Concordia que se está tramitando en las Cortes de Castilla y León, así como las leyes similares en Aragón y la Comunidad Valenciana, comunidades donde también gobierna el Partido Popular en coalición con Vox.
Según se ha confirmado desde la Delegación del Gobierno, estas leyes son “contrarias” a los valores que recoge la ley de Memoria Democrática, por lo que además de ser objeto de un recurso ante el Tribunal Constitucional, se elevarán a las principales instancias Europeas e Internacionales por su “gravedad”.
En el caso de Naciones Unidas, el Gobierno recurrirá al Relator especial sobre Verdad, Justicia y Reparación y el Relator de Ejecuciones Extrajudiciales, para que evalúen la conformidad de estas leyes con los compromisos internacionales adquiridos por España en materia de Derechos Humanos.
Además, en el Parlamento Europeo se promoverán distintas iniciativas para incluir en el orden del día del pleno de la Cámara su debate y votación por parte del Grupo S&D. Al mismo tiempo, en el Consejo de Europa, invocando la posible violación de varias disposiciones del Convenio de Derechos Humanos se promoverán un debate urgente en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa , se informará a la Secretaría General del Consejo de Europa y al Comisario de Derechos Humanos y se solicitará la elaboración de un informe sobre la situación de la memoria democrática en España ante la aprobación de estas leyes