El Grupo Popular en las Cortes sumó hoy el plan de vivienda de su líder, Alberto Núñez Feijóo, a la proposición no de ley de Vox contra la ocupación, que plantea desalojos en 48 horas, así como crear una oficina en Castilla y León para recabar datos, que admitieron “no son alarmantes” en la Comunidad, pero que auguran aumentarán por la nueva ley de vivienda que se aprueba mañana y que defendieron PSOE y Unidas Podemos, junto al impulso del parque público.
La proposición no de ley de Vox fue aprobada con los votos del PP, que enmendó el texto, y contó con la abstención de Ciudadanos, UPL y Soria YA, y el rechazo del resto de la oposición. Plantea al Gobierno reformas en el Código Penal, las leyes de Enjuiciamiento Criminal y Civil, así como de las competencias de los ayuntamientos para agilizar los desalojos, frenar las ocupaciones e impedir empadronamientos en estas casas. Además, insta a la Junta a crear un registro y una “ventanilla” para víctimas de esta situación para que se les informe de las ayudas y servicios a los que pueden acceder.
Además, los ‘populares’ plantearon como enmienda un paquete adicional como alternativa a la nueva ley de vivienda que recoge la alternativa de Feijóo con el aval del 15 por ciento para que los jóvenes puedan completar la financiación de la hipoteca o para el alquiler, así como una ayuda de 1.000 euros para la emancipación, junto a la ampliación del Bono Alquiler Joven, entre otras medidas.
El portavoz de Vox, Carlos Menéndez, denunció el “trato de favor a los ocupas” que a su juicio da la nueva ley de vivienda ya que consideró castiga a los propietarios. Se trata, a su juicio, de una idea “descabellada” de PSOE y Unidas Podemos que a su juicio recurren a una “expropiación forzosa” de la propiedad para que una “mayoría de sinvergüenzas” puedan vivir del esfuerzo de otros, llegando en algunos casos a extorsionar a los legítimos dueños.
Menéndez, que citó varios afectados de Palencia, La Cistérniga o Santovenia de Pisuerga (Valladolid), criticó la permisividad de la Administración del Estado con estas situaciones. “Solo con que hubiera un caso en Castilla y León es labor nuestra como legislatura afrontar esos problemas y plantear soluciones para todos”, dijo. Además, sostuvo que la propiedad inmobiliaria es esencial para los españoles, ya que consideró que la vivienda es su “hucha”, por lo que consideró que la protección frente a la ocupación debe garantizarse “siempre”.
La ‘popular’ Beatriz Coelho auguró un “efecto llamada” con la nueva ley de vivienda, al que unió el “efecto incentivador” del Gobierno de Pedro Sánchez, puesto que lo acusó de aumentar un 41 por ciento las ocupaciones desde su llegada a La Moncloa. No obstante, reconoció que en Castilla y León los datos “no son alarmantes”, pero señaló que la “impunidad” del Ejecutivo central hará que aumenten “pronto” las cifras.
La socialista Patricia Gómez aseguró que la iniciativa es un conglomerado de “bulos y mentiras” y consideró que “no tiene un pase” que el PP acepte esta iniciativa. “No engañen a la gente”, dijo para dar una lección jurídica sobre el allanamiento de morada y la usurpación pacífica, tras proclamar que la propiedad privada está protegida por las leyes en España y que la Fiscalía ha dado una instrucción para agilizar los desalojos. Además, defendió la nueva ley que se aprueba mañana, los fondos destinados por el Gobierno y las 183.000 viviendas que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha prometido.
En su respuesta, el portavoz de Vox exigió a la procuradora del PSOE que pida perdón a todas las víctimas de la ocupación. “La mayor cobardía es saber qué es lo justo y no hacerlo” y le recordó que todo su discurso se ha basado en la misma argumentación que utilizó para defender la ley del sí es sí: “Sabemos cómo ha terminado”.
En nombre de UPL-Soria YA, Luis Mariano Santos aseguró que se debe proteger el derecho a la propiedad privada, pero también garantizar el acceso a una vivienda “digna”. “En ese equilibrio tenemos que funcionar”, dijo el ‘leonesista’ quien señaló que no se trata de un “problema capital” en la Comunidad. Además, censuró que Vox busque “rédito electoral” por la cercanía de las elecciones municipales con esta iniciativa, que censuró pide modificar legislación estatal.
El parlamentario de Unidas Podemos Pablo Fernández aseguró que la ocupación puede ser un problema pero no el que traslada Vox, ya que denunció que se incumple el derecho constitucional al acceso a una vivienda, cuando existen tres millones vacías en el país. Además, criticó que Vox recurra al “miedo” y criminalice la “pobreza”, mientras protegen a los bancos y los “fondos buitres”.
Finalmente, el procurador de Ciudadanos Francisco Igea defendió el derecho a la propiedad privada, pero rechazó la propuesta de Vox por estar llena de “incorrecciones”. No obstante, argumentó que el problema radica en los 15.000 jóvenes que buscan vivienda y no en las 300 víctimas de la ocupación o usurpación. “Son en este campo unos macarras a los que les falta el palillo entre los dientes”, sentenció, tras criticar la “basura” campaña del partido.