El Procurador del Común, Tomás Quintana, presentó hoy el Informe Anual de 2022 con el mensaje a la Junta de Castilla y León de abordar los cambios normativos necesarios para ampliar el parque público de vivienda en régimen de alquiler con un número de inmuebles que permitan atender las situaciones de especial y urgente necesidad.
En el pleno monográfico de las Cortes, Tomás Quintana desgranó las quejas recibidas y las actuaciones de oficio realizadas en el año 2022, ya de normalidad en el trabajo de la institución tras los dos años de pandemia. “Reafirmó mi compromiso y, en su nombre, el de todo el personal que presta sus servicios en la institución con la defensa de los derechos de las personas a las que servimos”, cerró su intervención.
Todos los grupos de la Cámara reconocieron su compromiso, sensibilidad y trabajo, pero solo Francisco Igea (Ciudadanos) se refirió expresamente a que el Procurador del Común está en funciones desde el mes de octubre y pendiente de una renovación que abrió el PP con reuniones, pero que en este momento está parada.
Uno de los asuntos que abordó fue la vivienda en un asunto sobre el que destacó las quejas que reivindican el derecho constitucional a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y pidió a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio que “no pase por alto la situación de especial vulnerabilidad de las personas mayores” en la tramitación de las ayudas a la vivienda.
En la misma materia, recomendó a la Consejería que promueva modificaciones normativas para que los titulares de viviendas de régimen de protección puedan realizar reformas e incrementar la superficie útil de las viviendas cuando esté justificado por el aumento de miembros de la unidad familiar.
Un 11% sin aceptación
Tomás Quintana arrancó la presentación del Informe con la manifestación de que “afortunadamente” 2022 ha sido el año de superación de la crisis sanitaria del COVID y la vuelta a la normalidad, aunque afirmó que no se ha limitado el trabajo de la institución, con 8.310 expedientes tramitados a partir de 1.807 quejas recibidas y 63 actuaciones de oficio.
Durante el pasado año, el Procurador dictó 1.533 resoluciones, 170 archivadas por no apreciar irregularidad y en 1.363 se formularon recomendaciones, de ellas, a 28 de febrero de este año, un total de 1.038 había recibido contestación (76,16 por ciento) y fueron aceptadas 923 (88,92 por ciento), 806 no fueron asumidas en su totalidad (77,65 por ciento) y 115 no fueron aceptadas (11,08 por ciento).
Las 63 actuaciones de oficio dieron lugar a 584 resoluciones, de las que 392 fueron aceptadas, 18 asumidas parcialmente y 19 rechazadas, lo que, explicó el Procurador, ha supuesto la aceptación del 95,57 por ciento y solo se rechazaron el 4,43 por ciento.
La institución recibió 938 quejas, que representan el 51,91 por ciento del total de las recibidas, de las administraciones locales, 845 afectaron a Ayuntamientos (90,09 por ciento) y 44 a diputaciones provinciales (4,69 por ciento), y 679 quejas, que representan el 37,58 por ciento del total, a la administración autonómica. De la actuación de la Administración del Estado recibió 139 quejas, que representan el 7,69 por ciento del total y fueron trasladadas al Defensor del Pueblo.
Sanidad y Educación
Por áreas, destacó las 1.333 denuncias por deficiencias sanitarias en la Zona Básica de Salud de Tábara (Zamora); 789 por el retraso en la construcción del nuevo centro de salud de de Sahagún (León); 116 en contra de la suspensión de la consulta médica semanal en Castillejo de Azaba (Salamanca).
Aunque por primera vez en dos años la institución no recibió quejas relacionadas directamente con la pandemia, si hubo algunas en relación a sus efectos, como las listas de espera en algunas especialidades, lo que llevó al Procurador a urgir que se habiliten los medios necesarios para evitar la dilatación de los tiempos tanto en pruebas diagnósticas como en intervenciones quirúrgicas.
Igualmente, destacó una resolución en la que se recomienda la atención presencial y que no sea necesaria la cita previa para acudir a cualquier dependencia de la Administración autonómica. El Procurador solicitó a Sanidad la atención pediátrica general, no solo en el medio rural, ya que consideró que la asistencia de menores por los médicos de Atención Primaria, sin dudar de su capacidad, debe ser “excepcional”.
Otro asunto en el que se detuvo fue en la educación para reclamar a la Consejería la extensión del servicio de comedor gratuito para el alumnado en todos los centros educativos del medio rural y solicitar la mayor flexibilización posible de las ratios de alumnos por aula para los centros públicos incompletos y localidades de colegios rurales agrupados.
Además, planteó el establecimiento de un sistema de ayudas dirigidas al alumnado de los centros concertados que se encuentren en las mismas situaciones familiares y socio-económicas que el alumnado de los centros públicos, para hacer frente a los gastos de los servicios de comedor y transporte escolar.
El Procurador del Común se refirió a las dificultades de los pequeños municipios para la prestación de los servicios básicos y llamó la atención para que cuenten con secretarios en los ayuntamientos, porque, lo contrario, crea falta de seguridad jurídica e “incontables dificultades» para la gestión de sus competencias.
Cultura y Turismo
Otra de las actuaciones que destacó fue que se garantice el régimen de visita gratuita durante cuatro días al mes, en días y horarios prefijados, a los monumentos de Interés Cultural conforme recoge la ley, junto con la puesta en valor del patrimonio industrial como el vinculado a la minería o transporte ferroviario ahora obsoleto.
Además, pidió que en futuras convocatorias de subvenciones no se acuda en exclusiva a medios electrónicos como la única fórmula de acceso ante las dificultades de numerosas personas y la brecha digital existente, donde puso como ejemplo el bono turístico denominado “DisfrutaCastillayLeón2021”.
Igualmente, pidió a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades “diligencia” en la revisión o extinción de la renta garantizada de la ciudadanía para que no se mantengan en el tiempo cobros indebidos que después tienen que devolver sus usuarios en “un problema sobrevenido”.