El PSCyL apela al consenso para elaborar una ley contra la despoblación

La oposición plantea un nuevo proceso de configuración del modelo territorial de Castilla y León, al fracasar el que emana de la ley de 2013

El Grupo Socialista apela al diálogo político y social para la elaboración con garantías de acierto de una ley de lucha contra la despoblación y plantea un nuevo proceso de configuración del modelo territorial de Castilla y León, al considerar que el que emana de la ley de Ordenación de 2013 “ha fracasado por su inaplicación”.

Así lo recoge entre las 30 propuestas de resolución en el debate de política general presentadas ante la Mesa de las Cortes y que se debaten en el pleno con el que se cierra la sesión del estado de la Comunidad.

Otro bloque de propuestas se refieren a la mejora de la sanidad, una de las materias en las que ayer el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ofreció un pacto, que rechazó el portavoz socialista, Luis Tudanca.

En relación a las iniciativas para corregir la despoblación y los desequilibrios de la Comunidad, la oposición socialista pide revisar las Directrices Esenciales de Ordenación del Territorio de Castilla y León, aprobadas en 2008, y dar por “decaído” el proceso surgido de la ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio.

También, plantea elaborar de manera inmediata la normativa de la regulación del Fondo Autonómico de Compensación y la elaboración del Plan Plurianual de Convergencia Interior y dotar a estos instrumentos con 150 millones en el presupuesto de cada año.

Como ya hizo ayer Tudanca, urge en otra de las propuestas la renovación de los consejeros de las instituciones propias de la Comunidad: Procurador del Común, Consejo de Cuentas, Consejo Consultivo y Consejo Económico y Social (CES).

El bloque de sanidad recoge, entre otras iniciativas, iniciar el proceso para los grados de Medicina de León, Burgos y Soria, u otros grados que pudieran interesar a Salamanca y Valladolid, y elaborar un plan estratégico de la Atención Primaria de Castilla y León 2023-2030.

Además, demanda desarrollar el decreto de zonas de difícil cobertura, ejecutar con carácter inmediato y con cargo al presupuesto vigente los proyectos no finalizados incluidos en el Plan de Inversiones Sociales Prioritarias e incluir nuevos proyectos. Igualmente, elaborar en el plazo de seis meses una nueva Estrategia de Salud Mental y Psiquiátrica de Castilla y León e incorporar en el plazo de tres meses la interrupción voluntaria del embarazo a la cartera de servicios de todos los centros hospitalarios públicos del Sacyl.

Propone aprobar el reglamento preciso para el desarrollo y ejecución de la Ley contra la Violencia de Género en Castilla y León y presentarlo en sede parlamentaria ante todos los grupos antes de finalizar el año 2023, crear Centros Provinciales de Igualdad en cada una de las nueve provincias y un observatorio LGTBI en Castilla y León.

Ante la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica (EHE pide cumplir con la normativa nacional y europea en materia de control de la tuberculosis bovina y elaborar una orden de ayudas para el sector ganadero afectado, concretamente, ayudas por la muerte o lucro cesante de las explotaciones, y ayudas a la bioseguridad. Mantiene la propuesta de un fondo que se dotará al menos de 50 millones de euros anuales para el sector ganadero.

Implantar un programa de gratuidad de libros de texto y material escolar, dotar de un fondo destinado a ampliar las becas comedor que garantice el acceso a las mismas a todas las personas en situación de vulnerabilidad son otras de las propuestas.

En el apartado normativo, piden a la Junta que presente proyectos de ley de Memoria Democrática, de Emergencia Climática y de modificación del derecho a la vivienda de Castilla y León.

Además, pide estudiar la revisión de oficio de la Orden de 2010 que establece una prórroga de 15 años en la duración de la licencia de la televisión autonómica, añadida a la vigencia de 15 años, de la misma y no contemplada en la Ley de 2010, General de la Comunicación Audiovisual. Propone crear un grupo de trabajo para definir por consenso político y social el modelo de televisión autonómica.

También, cesar en la subvención a la televisión autonómica y adoptar las medidas necesarias para que, en su caso, se garantice la subrogación de la empresa concesionaria en los contratos de la totalidad de la plantilla que actualmente trabaja en Radio Televisión de Castilla y León, de forma que no se produzca interrupción alguna ni en la prestación del servicio ni en el cobro de sus retribuciones.

Por último, plantea crear el Observatorio de la Brecha Digital 2023, elaborar un nuevo Plan Autonómico de Carreteras y aprobar de forma urgente toda la normativa necesaria para la Ordenación del Transporte de Castilla y León.

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