El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Briviesca investiga a Laura García de Viedma por un delito de apropiación indebida en la operación de compraventa a su nombre de 1,73 kilos de oro perteneciente a la comunidad clarisa de Belorado, en la que intervino la Comisaría de Burgos para tratar de determinar el origen de la mercancía y la licitud de la operación. La exabadesa compareció ayer acompañada de dos abogados, uno de ellos su hermano, pero se negó a declarar porque asegura desconocer cualquier actuación relacionada con la causa, según publica en su edición de hoy Diario de Burgos.
El Arzobispado de Burgos sí recibió un oficio del Cuerpo Nacional de Policía que investiga la venta de 1,73 kilos de oro por un valor de unos 130.000 euros por Laura García de Viedma donde se afirma que «ha actuado, de hecho, como administradora de los bienes del Monasterio» y se cuestiona su capacidad de administración, pidiendo a la empresa compradora que ‘se abstenga de realizar cualquier actuación con los bienes adquiridos hasta que se acredite el legítimo dominio de esta persona sobre los objetos señalados’, según informó el pasado 4 de febrero.
La Policía ha podido comprobar el lícito origen de los lingotes, que tampoco discute la comisión gestora de los monasterios de Belorado, Orduña y Derio. De hecho, en su poder obran «siete facturas de compraventa de oro en julio y agosto de 2020 por un valor que supera los 250.000 euros», por lo que ahora se trataría de determinar si la exabadesa estaba autorizada legalmente a realizar la operación a su nombre y si ha habido un posible traspaso ilícito de fondos de la entidad jurídica -la comunidad religiosa- a la persona física, Laura García de Viedma.
Este extremo ya fue rebatido hace dos semanas por el letrado Florentino Aláez, quien sostiene que actuó “como fiduciaria por cuenta de la entidad, algo lícito en el Derecho civil español» y que «toda la comunidad es consciente de que la única titular real es la entidad” y no la hermana.
No mencionaron ayer este argumentario, sino que se limitaron a alegar desconocimiento de la causa. “No conocemos nada ni de los indicios que se supone que haya encontrado la policía ni del motivo exacto por el cual se la considera investigada”, apuntó Enrique García de Viedma a la salida de las dependencias judiciales burebanas, en las que apenas permaneció 20 minutos junto a su hermana y el otro abogado de las monjas excomulgadas, Florentino Aláez.