Los jóvenes que quieran beneficiarse de la línea de garantías hipotecarias Mi Primera Vivienda de la Junta no podrán superar unos ingresos de cinco veces el IPREM, es decir, 3.000 euros mensuales para el conjunto de los solicitantes (42.000 euros anuales en 14 pagas).
El Ejecutivo sacó a información pública la propuesta de orden que regula esta línea, dirigida a facilitar la adquisición de la primera vivienda a jóvenes de hasta 35 años de edad, que contempla que Somacyl otorgará una garantía de hasta el 17,5 por ciento del préstamo hipotecario. La financiación será de más del 80 por ciento y hasta el 97,5 por ciento de la menor cifra entre el valor de tasación o el precio de compraventa. Es decir, lo jóvenes podrán acceder al préstamo aportando una entrada inicial del 2,5 por ciento, no del 20 por ciento que exigen las entidades, gracias al aval de la Junta.
El objetivo es que los jóvenes de la Comunidad puedan adquirir su primera vivienda nueva o usada, libre o de protección pública de promoción privada en propiedad. El precio de adquisición sin tributos no debe exceder de 240.000 euros.
La orden, recogida por Ical, indica que no es objeto de la garantía la financiación de los impuestos o tasas. Asimismo, aclara que no se podrá exigir la contratación con la propia entidad financiera de ningún producto o servicio adicional. La garantía quedará sin efecto en el momento en el que el principal pendiente de pago sea igual o inferior al 80 por ciento del valor de referencia.
El importe global máximo de esta línea de garantías asciende a 40 millones de euros, para este año, conforme al acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de marzo, aunque esa cifra “podrá ser objeto de ampliación”.
Las entidades financieras que quieran participar deberán suscribir un convenio de gestión con Somacyl. La sociedad pública pondrá a disposición de las entidades financieras un máximo de dos millones, el cinco por ciento del saldo vivo de las garantías otorgadas en cada momento, en proporción al importe de las hipotecas acogidas a la línea, para cubrir la posible morosidad, con el límite en los 40 millones. La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio compensará a Somacyl por los importes que deba abonar a las entidades como consecuencia de esa morosidad.