La Junta suma 25 medidas por casi 170 millones a las rebajas de impuestos del Gobierno frente a la guerra en Oriente Medio

La Junta de Castilla y León aprobó hoy un conjunto de medidas para paliar las consecuencias de la guerra en Oriente Medio que incorpora 25 iniciativas por casi 170 millones, a las que se unen las tres rebajas de impuestos adoptadas por el Gobierno que supondrán para las arcas de la Comunidad dejar de ingresar 117,4 millones hasta el 30 de junio. En conjunto, este paquete. que se articula a través de siete ejes, tendrá un impacto económico de 286,7 millones.

En la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz de la Junta y consejero en funciones de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, informó sobre el contenido de este “primer” bloque de medidas que pretende hacer frente al encarecimiento del petróleo, el gas y los insumos básicos, lo que incrementa los costes de producción para empresas y autónomos, agricultores, ganaderos y familias.

En concreto, las 25 medidas del Ejecutivo autonómico y las tres rebajas de impuestos -electricidad, hidrocarburos y el IVA- del Real Decreto-Ley de 20 de marzo están dirigidas a apoyar la actividad económica y el empleo, reforzar el transporte colectivo a través del sistema Buscyl y el apoyo a las familias. También pretenden avanzar en la eficiencia y el ahorro energético y garantizar el adecuado funcionamiento de los servicios públicos.

Asimismo, Fernández Carriedo destacó que la Junta es uno de los primeros gobiernos autonómicos en poner en marcha diferentes iniciativas y subrayó que lo hace de forma “muy ágil” para atender a los colectivos más afectados. Además, el Ejecutivo prevé ir actualizando este paquete ya que reconoció que es “difícil” estimar con precisión la duración y el impacto de la guerra desatada en Oriente Medio desde hace algo más de un mes.

Igualmente, expuso que la financiación de estas medidas está asegurada con independencia de que la Junta se encuentre en funciones o tenga un presupuesto prorrogado. Además, señaló que el “pequeño margen” que genera la reducción del endeudamiento de la Comunidad, hasta el nivel más bajo en once años, permite disponer de recursos para apoyar a los sectores productivos, autónomos y empresas que atraviesen ahora por dificultades.

De esta forma, el portavoz no descartó la posibilidad de tener que ampliar este bloque de actuaciones que explicó recoge medidas como las rebajas de impuestos, con vigencia hasta el 30 de junio, pero también otras con vocación de continuidad en el tiempo, como el refuerzo de las líneas de autobús. Además, apuntó que las referidas al sector empresarial tendrán un impacto “inmediato”, si bien su coste se va diferir en el tiempo.

Por el momento, Fernández Carriedo aseguró que la propuesta de reducir el tipo mínimo del tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), que beneficiará a todos los contribuyentes, queda ahora “reforzada” por la realidad, si bien precisó que la Junta, que se encuentra en funciones tras las elecciones del 15 de marzo, no puede registrar proyectos de ley a las Cortes hasta que no esté constituida la nueva cámara y comience la legislatura, algo que se producirá el 14 de abril,

Además, el titular de Economía añadió que han escuchado a los diferentes sectores para diseñar estas medidas, en concreto al industrial, al agrícola y ganadero y al del transporte de viajeros y mercancías por carretera. No obstante, admitió que no da “satisfacción completa” a todos los colectivos afectados, si bien las diferentes consejerías están en contacto con ellos para atender sus necesidades.

Financiación

La Junta prevé 113 millones en medidas de financiación para los sectores empresariales con el objetivo de paliar los cambios extraordinarios en las variables del mercado y los incrementos energéticos. Incluye una línea de adaptación a alzas de costes, hasta 750.000 euros y bonificación del 1,75 por ciento y un plazo de amortización de hasta 180 meses, de los cuales hasta 24 pueden ser de carencia.

También se prevé financiación para el circulante a la internacionalización para pymes, hasta 500.000 euros, con una bonificación del 2,5 por ciento y un plazo de amortización de hasta 60 meses, de los cuales hasta 24 pueden ser de carencia. Frente a los costes energéticos, las empresas exportadoras que inviertan en sistemas de autoconsumo, hasta 500.000 euros, recibirán una bonificación del 2,5 por ciento, con un plazo de amortización de hasta 180 meses de los cuales hasta 24 pueden ser de carencia.

Además, incluye un fondo de internacionalización para participar en capital de empresas o préstamos participativos para fomentar la internacionalización, con hasta 300.000 euros, una amortización en diez años con un límite de tres de carencia- tipo de interés máximo 1,5 por ciento-. También, se amplía la carencia de los proyectos de reindustrialización y de industrias de proyectos endógenos (forestal, agro, piedra) y se renegociarán las operaciones suscritas a través de la ampliación de plazo de carencia de los préstamos ya otorgados.

Por otra parte, se incrementan las cuantías destinadas al Instrumento Financiero del Plan Estratégico de la Política Agraria Común 2023-2027 en 6,4 millones. Esto, señala la Junta, permitirá cerrar operaciones de préstamos garantizados con aval público y en condiciones ventajosas por importe de 40 millones de préstamos. Además, se incrementará el porcentaje de bonificación de los seguros agrarios para agricultores jóvenes, pasando del diez por ciento actual al 25.

Empleabilidad, transporte y urgencia social

La Junta prevé impulsar, con siete millones, programas de cualificación directamente vinculados a los servicios digitales, tecnológicos, biosanitarios, logísticos, energéticos y de servicios avanzados a la industria, para adquirir nuevas competencias e incrementar la empleabilidad y la competencia empresarial, así como favorecer la atracción y fidelización del talento e incentivar el empleo en sectores estratégicos.

Otros cinco millones se dedicarán a fomentar el transporte de viajeros, con un refuerzo e incremento de las rutas de Buscyl con mayor intensidad en el uso para ajustar la oferta a la “mayor” demanda de los ciudadanos derivada del incremento del precio de los combustibles.

Esto, según estima el Ejecutivo, supondrá un aumento del coste de los contratos gestionados por la Comunidad, ya que según apuntó Fernández Carriedo los viajeros diarios han pasado de los 43.500 de enero a los 56.300 de marzo, un 23 por ciento más, y las solicitudes de la tarjeta Buscyl han pasado de las 6.700 registradas a principios de año a las 8.000 diarias del pasado mes.

También se activará en caso necesario los bonos de urgencia social para situaciones de necesidad de las familias vulnerables, para lo que se reserva un millón de euros.

Ahorro energético y servicios públicos: 43,3 millones

El Gobierno autonómico calcula que sus medidas para la eficiencia y el ahorro energético tendrá un impacto de 33,3 millones. Incluyen ayudas al fomento del ahorro y la eficiencia energética en el sector industrial, pero también en el sector terciario, para la implantación de renovables. También se apostará por sistemas de autoconsumo renovable en edificios de titularidad pública, la promoción de la biomasa y su producción, el fomento de la construcción sostenible con madera o la implantación de redes de calor.

Otros diez millones permitirán mantener los servicios, para lo que la Junta aplicará las directrices vinculantes aprobadas en el contexto de la guerra en Ucrania y facilitará los recursos necesarios para atender el mayor gasto derivado del encarecimiento de los bienes y servicios. Además, solicitará la reprogramación y ampliación del período de ejecución de los fondos europeos.

Impuestos energéticos: 117,3 millones

En el capítulo de rebajas impositivas, con impacto en los ingresos tributarios de la Comunidad, la Junta estima que la rebaja del 5,1 al 0,5 por ciento del Impuesto especial sobre la electricidad supondrá la pérdida de 24,1 millones, mientras que la del IVA sobre la electricidad, los hidrocarburos, el gas natural o los pellets, 52,2 millones. A esto se une los efectos de la diminución de tipos sobre el impuestos especial sobre hidrocarburos, que se cuantifican en 41,1 millones.

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