Las Cortes de Castilla y León aprobaron hoy instar a la Junta para solicitar que el Gobierno de España elabore, en un plazo de seis meses, un Plan de Conservación Viaria, en colaboración con todas las administraciones públicas competentes, por los deterioros “graves” o “muy graves” de las carreteras. Todos los grupos parlamentarios votaron a favor de la Proposición No de Ley (PNL), presentada por el PP, mientras que Pablo Fernández y Francisco Igea se abstuvieron y solo el Partido Socialista la rechazó. Eso sí, todos los partidos afearon al PP que reclame al Estado una mejora de la conservación de las carreteras, algo que no pide a la Junta por que la red de carreteras autonómica también presenta importantes deficiencias.
La procuradora del Grupo Parlamentario Popular, Elena Rincón, hizo mención al reciente informe que la Asociación Española de la Carretera (AEC) ha puesto de manifiesto, en el que la red viaria española se encuentra en la peor situación registrada desde los años 80 del siglo pasado, ya que más de la mitad de las vías presentan deterioros de carácter “grave” o “muy grave”. Un deterioro, añadió, que se ha evidenciado desde 2018. En concreto, en los dos últimos años, el estudio destaca que el número de kilómetros con deterioros muy graves se ha triplicado (de los 13.000 kilómetros en 2022 a los 34.000 en 2025), experimentando un deterioro anual del ocho por ciento.
Rincón recordó que el buen mantenimiento de las carreteras favorece el derecho a la movilidad, sobre todo en los territorios más despoblados. En este sentido, destacó la iniciativa puesta en marcha por la Junta con Buscyl, una iniciativa pionera en España, que ha convertido a Castilla y León en un referente y en la primera comunidad en implantar un servicio gratuito de transporte por carretera, sin límites de edad, sin restricciones temporales y para todo el territorio. Algo que ya beneficia a 600.000 personas que cuentan con la tarjeta y se acumulan 3,5 millones de viajes. “Y todo ello, sin ayuda del Gobierno de España, únicamente con la financiación íntegra del Gobierno autonómico”, añadió.
Consideró que su solicitud es “clara, razonable y técnicamente fundamentada” para que sea una realidad. “No se trata de improvisar, sino de planificar; no de promesas, sino de compromisos medibles; no de ideología, sino de igualdad, responsabilidad y respeto por los ciudadanos para garantizar una red viaria digna, segura y acordes a las necesidades reales de la Comunidad”, aseveró.
Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, Laura Peregrina criticó que la proposición del PP no haga referencia al informe de la AEC que señala que las carreteras de titularidad de Castilla y León son las peor conservadas de España, que están en un estado “lamentable” por la falta de acción, inversión y planificación de la Junta, que se acumula en sus 38 años de gobierno. “Su deterioro es fruto de la desgana y la desidia de un Gobierno paralizado, que pone en riesgo la vida de los ciudadanos por falta de inversión en mantenimiento y conservación de la red viaria”, destacó.
Peregrina acusó a Alfonso Fernández Mañueco y al PP de que en los últimos 23 años Castilla y León ha tenido dos planes sectoriales de carreteras (2002-2007 y 2008-2020), que dejaron sin ejecutar la mayor parte de sus presupuestos y las obras de refuerzo, desdoblamientos, nuevas carreteras y variantes de población. Además, la Comunidad ha sido engañada, de nuevo, por que sigue sin un plan de carreteras, a pesar de su “propaganda, autobombo, promesas y mentiras”. Para ello, puso los ejemplos del abandono de las carreteras CL-629 en la provincia de Burgos, con 110 accidentes en 2024 y 2025, y la ZA-901, en la provincia de Zamora.
Tras reconocer que existe un déficit de inversión en el mantenimiento y conservación de carreteras que se acumula en la última década en el país, subrayó que la mejora de las carreteras es una “prioridad” para el Gobierno, con la inversión de 1.562 millones de euros para toda España entre 2018 y 2025 en las carreteras de Castilla y León. “Algo que Mañueco no puede decir lo mismo, que es incapaz de asumir sus competencias, invertir, planificar y modernizar las carreteras de Castilla y León”, sentenció, tras precisar que la Junta destina 70 millones de euros anuales a las vías de titularidad autonómica, que supone el 0,4 por ciento del Presupuesto de la Comunidad.
Vox reiteró que Castilla y León es “líder” en el deterioro de las carreteras, ya que el informe de la AEC dice que el 57 por ciento de la red de carreteras de la Comunidad, casi 10.000 kilómetros, requiere de actuaciones “urgentes” de reparación o refuerzo del firme. Susana Suárez compartió con el PP la necesidad de contar, de forma urgente, con un Plan Nacional de Conservación Viaria pero pidió “mirarse el ombligo”. “¿Con qué legitimidad moral exigen moralidad cuando tienen la casa sin barrer en Castilla y León?”, se preguntó. “Se les tenía que caer la cara de vergüenza por que del déficit de 13.400 millones de euros que habla el informe, más de 8.700 corresponden a la titularidad de la Junta”, añadió.
También criticó que el PP ha prometido y mentido a los castellanos y leoneses por que no cuenta con un plan regional de carreteras, anunciado a principios de legislatura. “La dejadez de Pedro Sánchez es compartido con el señor Mañueco”, precisó, tras concluir que la movilidad no es un “artículo de lujo” sino una necesidad básica para fijar población. Es por ello que presentó una enmienda de adición para que las Cortes insten a la Junta a elaborar un plan de carreteras de Castilla y León para mantener y conservar la red viaria autonómica, con un calendario “preciso y vinculante” con actuaciones prioritarios sobre los tramos más deteriorados o con mayor siniestralidad así como dotación presupuestaria. Una enmienda que no fue aceptada por el PP.
En el mismo sentido, se pronunció Vanessa García Macarrón, del Grupo UPL Soria Ya, quien mostró su sorpresa con la iniciativa, ya que señaló que todas las cuestiones planteadas a la Junta sobre el mal estado de carreteras en la provincia soriana, por el “olvido” y la conservación “ineficiente”, han sido rechazadas por la Junta. No en vano, consideró que el estado de las carreteras de la titularidad autonómica también requiere de repuestas “urgentes”.