Las familias de acogida de menores tutelados tendrán más posibilidades de poder adoptarlo, tras la aprobación hoy del Decreto por el que la Junta flexibiliza las condiciones. El mismo fue presentado hoy por la vicepresidenta de la Junta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, quien señaló que la normativa atiende “al interés del menor” y promueve que tenga un entorno “estable” y en aras a avanzar hacia un modelo más “actualizado, que simplifica los trámites”. El Decreto, además pretende dotar de una mayor seguridad jurídica tanto a las familias adoptantes como a las familias acogedoras de los menores.
La novedad del Decreto, que fue aprobado hoy en el Consejo de Gobierno de la Junta, pasa por promover que en determinados supuestos las familias de acogimiento pueden ser familias adoptantes. En concreto, en situaciones que afectan a menores con discapacidad, que son más difíciles de adoptar o a los grupos de hermanos. A estos supuestos también se suma el caso de aquellos menores que están muchos años con una familia de acogida, a pesar de que está limitado a dos años.
Estos casos finalmente se resuelven vía judicial, y lo que se pretende es atender al vínculo entre el menor y su familia de acogida, que podrá adoptar. “Los profesionales deberán valorar que es lo más adecuado para el interés superior del menor”, indicó.
Además, para favorecer la estabilidad familiar de los bebés dados en adopción para evitar cambios en los cuidadores principales, se va a agilizar el procedimiento para que el menor se asiente cuanto antes en una familia definitiva y así los primeros cuidados sean dispensados por los mismos.
Isabel Blanco subrayó que el Decreto es “importante” para los 1.491 menores acogidos en Castilla y León, 748 de los cuales viven en familias y 743 en centros.
El Decreto modifica, en concreto, tres normas relacionadas con los procedimientos de adopción, con el objetivo de avanzar hacia un modelo “más humano, coherente y actualizado de protección a la infancia y la adolescencia”.
“Esta modernización del proceso de adopción establece, además, un marco más claro que facilita la coordinación entre Servicios Sociales y las entidades colaboradoras”, destacó Isabel Blanco quien puntualizó que en Castilla y León se registran 50 adopciones anuales.
El Decreto también añade medidas que establecen una información permanente y actualizada mediante vías telemáticas sobre los menores que se alojan en los centros y de los profesionales que trabajan con ellos, con el propósito de poder realizar un seguimiento permanente y en tiempo real del cumplimiento de la normativa.
Este texto normativo está integrado por cuatro artículos, una disposición transitoria y dos finales, mediante los cuales se modifica un total de tres decretos y se establece su aplicación inmediata una vez se publique en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl).
Amplio consenso
Además de someterse las correspondientes fases de consulta pública y participación ciudadana generales, la Junta recogió propuestas de numerosas entidades que trabajan en este ámbito, como Plataforma Infancia España, la Asociación Estatal de Acogimiento Familiar, la Asociación Regional de Familias Adoptantes y Acogedoras de Castilla y León, Cruz Roja, Fundación Diagrama y el Foro de Participación de la Infancia y la Adolescencia de Castilla y León, quienes aportaron ideas sobre la adopción abierta, la priorización del acogimiento familiar frente al residencial y la mejora del apoyo a las familias acogedoras.
“Esta actualización normativa refuerza el papel de la familia como entorno prioritario para los menores, a quienes se coloca en el centro de todas las decisiones que les afecten”, precisó.