La Junta fijó hoy en 12.993,64 millones de euros su límite de gasto no financiero para 2024, al que dio luz verde en Consejo de Gobierno y que representa un crecimiento del 4,2 por ciento en relación al dato de 2023. El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, presentó el “mayor techo de gasto de la historia” para el Ejecutivo autonómico, que será remitido hoy mismo a las Cortes, para su tramitación parlamentaria, con el objetivo de presentar el proyecto de presupuestos en este mes de febrero.
El cálculo de esta cifra, la más elevada que gestionará la Junta, desde que se calcula esta magnitud que sirve de referencia pera la elaboración de los presupuestos de Castilla y León, se basa en un escenario macroeconómico que prevé un dinamismo del 1,7 por ciento para la Comunidad el año que viene; un déficit del 0,1 por ciento; una deuda por debajo del 20,5 por ciento del PIB; una tasa de paro del 9,2 por ciento, y un aumento de los puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo del 1,1 por ciento.
El consejero precisó que el límite de gasto está integrado por los ingresos no financieros previstos, 12.930,09 millones de euros, más los recursos asociados al déficit, un 0,1 por ciento del PIB, que equivale a 70,77 millones, menos 7,22 millones de ajustes de contabilidad nacional.
En cuanto al marco macroeconómico, destacó que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) publicó hoy mismo un informe sobre las cuentas de la Comunidad en que “avala las previsiones” sobre las que se sustenta el techo de gasto y las considera, se congratuló, “razonables”.
Carriedo precisó que han modificado su previsión inicial de crecimiento para 2023 del 1,6 por ciento, hasta el 2,3 por ciento, por lo que este año se producirá una desaceleración hasta el 1,7 por ciento. En este sentido, explicó que el nivel de exportaciones tras el crecimiento de este año, a la cabeza de España, “puede que no se produzca al mismo ritmo”, aunque se espera que el consumo interno tenga “más peso” y que el primario no sufra el impacto de este año por la sequía.
El empleo subirá el 1,1%
Agregó que el empleo se elevará un 1,1 por ciento, frente al 0,2 por ciento de 2023, y la tasa de paro bajará del 9,6 en 2023 al 9,2 por ciento, aunque “no todo todo el crecimiento PIB se traducirá” en una subida de los puestos de trabajo, porque esperan un “aumento de productividad”. “Esto es sano para la economía, más empleo y más productividad para competir”, dijo.
Carlos Fernández Carriedo rechazó comparar su estimación de crecimiento del 1,7 por ciento, frente al dos por ciento del Gobierno para España, porque para la AIReF la estimación estatal es “poco próxima a la realidad”. “No nos podemos comparar con esa previsión sino se ajusta a la realidad”, dijo, para defender su cálculo realista y “moderado” para que “si nos equivocamos, como el año pasado, lo hagamos por debajo”.
El consejero de Economía y Hacienda también reprochó que las autonomías sólo dispondrán de un déficit del 0,1 por ciento, dentro del tres por ciento previsto para el conjunto de las administraciones. Así, explicó que de ese déficit, el 97 por ciento corresponderá al Estado y solo un tres por ciento a las autonomías, cuando “somos los que tenemos los principales servios públicos para el bienestar”.
Asimismo, recalcó que Castilla y León cerrará el año con una deuda por debajo del 20,5 por ciento, con lo que se mantendrá por debajo de la media y seguirá como “una de las autonomías con menor deuda de España”.
Carlos Fernández Carriedo también explicó que el techo de gasto sólo crecerá un 4,2 por ciento, pese al aumento de las entregas a cuenta en un 7,5 por ciento, porque los fondos europeos del plan de recuperación, iniciarán su periodo de descenso tras el techo preupuestario alcanzado en 2023. Asimismo, aclaró que también impacta en el presupuesto la progresiva reducción del déficit público, así como algunas expectativas de ingresos propios, con las ventajas fiscales en beneficio de los ciudadanos y la menor previsión de crecimiento económico.
Preguntado por el posible impacto que tendría la ausencia de un presupuesto estatal, indicó desconocer si “cambiará algo” y reconoció que no conocen con detalle toda la información, como las posibles subidas salariales a los funcionarios. Eso sí, defendió de nuevo que fue un “acierto” esperar a conocer los datos de entregas a cuentas y de déficit del Consejo de Política Fiscal y Financiera, para elaborar unas cuentas “realistas”.
Febrero, fecha tope
El portavoz aclaró que la semana que viene dejarán a las Cortes regionales que “trabajen” para aprobar el techo de gasto y también indicó que estudiarán con detalle el informe que les remitirá el Consejo Consultivo, con la idea de presentar los presupuestos en este mes de febrero. “Tomaremos nota del debate en Cortes y del informe del Consejo Consultivo; seguiremos trabajando para dar estabilidad a Castilla y León, para generar más confianza, empleo y actividad productiva”, dijo.
El portavoz de la Junta no quiso profundizar en el contenido de los presupuestos pero sí adelantó que incluirán de nuevo un anexo sobre el reto demográfico, en el que se definirán las cantidades de inversión para impulsar la población.
Por último, también se refirió a la petición del PSOE de 150 millones de euros para revertir la brecha territorial en materia económica y demográfica, a lo que respondió que la Junta “dedica mucho más” a la cohesión de lo que demandan los socialistas. Algo que se ve reflejado, dijo, en el presupuesto, donde la distribución de fondos por provincias “no atiende al peso poblacional” sino a la financiación de servicios públicos e inversiones, en relación al territorio, ya que es mucho más caro allí donde hay dispersión, dijo.