El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) aprobó este jueves el ‘Documento de consenso para el abordaje de la Enfermedad Renal Crónica (ERC)’ que incluye entre sus medidas priorizar el cribado anual para detectar esta patología, mediante análisis de sangre y orina, en personas mayores de 60 años y en pacientes con factores de riesgo.
Así lo indicó el Ministerio de Sanidad tras la reunión telemática celebrada esta mañana entre Gobierno y comunidades autónomas. El documento aprobado establece la hoja de ruta estratégica para el periodo 2025-2028 y se integra en el desarrollo de la Estrategia de Cronicidad.
Según los datos facilitados por el departamento que dirige Mónica García, la enfermedad crónica renal afecta a más de 4 millones de personas en España, lo que supone más del 10% de la población adulta.
Además, con frecuencia esta enfermedad se presenta en pacientes con otras patologías crónicas como la diabetes, la hipertensión o la enfermedad cardiovascular, lo que refuerza la necesidad de un abordaje integral y coordinado, indicaron desde Sanidad.
Esta circunstancia «favorece un elevado infradiagnóstico» y retrasa el inicio de tratamientos, «todo ello se traduce en un impacto económico considerable, al representar actualmente en torno al 5% del gasto sanitario total».
Para hacer frente a esta situación, el Consejo Interterritorial ha dado luz vez al plan por el que se establece el compromiso de priorizar «el cribado anual (mediante análisis de sangre y orina) en personas mayores de 60 años y en pacientes con factores de riesgo como hipertensión, diabetes, obesidad o enfermedades cardiovasculares».
El documento también define los criterios para la derivación de pacientes desde Atención Primaria a especialistas (Nefrología, Medicina Interna o Geriatría) y apuesta por potenciar las «e-consultas» para reducir los tiempos de espera.
En este mismo sentido, según informó Sanidad, se integrarán sistemas de alerta automática en las historias clínicas electrónicas para ayudar a los médicos a identificar casos de riesgo y ajustar las dosis de los medicamentos según la función renal de cada persona.
El documento consensuado también recoge la necesidad de impulsar programas educativos, en los que se involucrará a las asociaciones de pacientes, para que las personas tengan un papel protagonista en el cuidado de su salud.
El cumplimiento de estos objetivos será evaluado anualmente mediante indicadores específicos, como el porcentaje de pacientes en riesgo que reciben su revisión anual o la reducción del uso de fármacos potencialmente perjudiciales para el riñón.