El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este miércoles en el Congreso de los Diputados que se van a financiar otras 43.000 viviendas para alquiler social que se sumarán a las 50.000 del plan que se autorizó ayer en el Consejo de Ministros. «Además de la movilización de 50.000 viviendas de la Sareb vamos a financiar la promoción de otras 43.000 nuevas viviendas destinadas al alquiler a precios asequibles. Serán viviendas tanto de nueva construcción como de rehabilitación», creando una nueva línea del ICO dotada con 4.000 millones de euros de los Fondos Europeos para financiar esta actuación.
En total, resumió, 43.000 viviendas sociales que se suman a las 50.000 procedentes de la Sareb, y que da un total de 93.000 «viviendas publicas y de alquiler asequible», aseguró durante su intervención ante el Pleno para dar cuenta de la última reunión bilateral con Marruecos, los últimos Consejos Europeos y las medidas para paliar la crisis por la guerra en Ucrania.
El jefe del Ejecutivo anunció esta medida porque dijo que España es el tercer país de la Unión Europea con más pisos vacíos y con uno de los porcentajes más bajos de parque público de vivienda, ya que se tiene menos del tres por ciento frente a la media europea del nueve por ciento, y a una distancia considerable de los países más avanzados de Europa que cuentan con un 20 por ciento de parque público de vivienda.
Manifestó que, según diversos estudios, el 70 por ciento de la desigualdad tiene una causa: la dificultad para acceder a una vivienda digna. España es el cuarto país de la UE en el que más personas deben hacer un sobreesfuerzo financiero para pagar el alquiler. Un millón y medio de hogares dedican más del 40por ciento de sus ingresos a pagar la renta. Además, dos millones de familias que querrían comprarse una casa no pueden. Y cinco millones residen en viviendas inadecuadas.
Sánchez, que inició su intervención ante el Congreso presumiendo de datos económicos que enmarcó como un “éxito de país”, sostuvo que la “determinación” de su Gobierno es que “la vivienda sea un derecho y no un problemón” como es ahora para la mayoría de los ciudadanos, y que sea el quinto pilar del Estado del bienestar.
Entre los datos que defendió, dijo que el ejercicio 2022 se cerró con un déficit público del 4,81 por ciento del PIB, es decir una reducción del 23,1 por ciento respecto al año anterior y mejor que las previsiones que comunicó el Gobierno a la Comisión Europea de situarse en el cinco por ciento del PIB. En cuanto a la deuda pública, al cierre del año 2022 representó el 113,2 por ciento del PIB, es decir, más de cinco puntos menos del cierre del año 2021, que fue del 118,3 por ciento.
Sánchez compareció ante la totalidad del Gobierno, excepto la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz; quien ayer compareció en la Asamblea General de la ONU; la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, con agenda en Estocolmo (Suecia); la ministra de Justicia, Pilar Llop, que se encuentra en Austria, y el ministro de Universidades, Joan Subirats, quien se encuentra de visita en la Universidad de Alicante.