Efectivos de la Guardia Civil, en el marco de la denominada operación ‘RIBER-73’, detuvieron en una localidad de la comarca burgalesa de La Ribera, a una mujer, cuyas iniciales son C.M.F., de 46 años de edad, como presunta autora de un delito contra los derechos de los trabajadores, tras la denuncia de dos exempleados a los que presuntamente la empresaria les debía dinero.
La investigación se inició el pasado mes de mayo tras la denuncia de una pareja de origen marroquí que relataba haber trabajado para una persona en la comarca de La Ribera, principalmente en el sector agrícola pero también en el ganadero, durante los meses de febrero, marzo y abril. Tras acabar este periodo laboral -en el que fueron empleados sin ningún tipo de documento contractual-, la pareja aseguraba que la empresaria le debía 750 euros a cada uno, por las labores realizadas.
Personal del Cuerpo practicaba las indagaciones necesarias para aclarar lo sucedido, recabando testimonios y consiguiendo indicios suficientes para demostrar que, efectivamente, entre denunciantes y denunciada existió relación laboral en el pasado, siendo ambos ocupados en la poda en seco y limpieza de viñas y también en una granja ovina en la comarca.
Además, se verificó que la persona denunciada poseía un local compartimentado como vivienda que alquiló a la pareja, durante los meses que duró la faena, inmueble destinado habitualmente al hospedaje de otras personas que trabajan por temporadas para la empresa que posee. Las pesquisas han aclarado que no se había formalizado ningún contrato laboral entre las partes y que los denunciantes tampoco habían sido dados de alta en la Seguridad Social, por lo que no se han garantizado ninguno de los derechos que la ley reconoce para los trabajadores.
Si bien los denunciantes carecen de permiso de trabajo en España -que garantice su legal estancia-, por parte del Instituto las actuaciones se han orientado también hacia la protección y asistencia de las víctimas, personas foráneas en situación de vulnerabilidad (desconocimiento del idioma, escasos recursos económicos, aislamiento social, situación irregular en nuestro país, etcétera).
En ocasiones, estas circunstancias son aprovechadas por la parte contratante para, con abuso de confianza y engaño, obligar a labores bajo horarios abusivos y en condiciones de habitabilidad precarias, que llega incluso a la omisión del montante económico pactado, según indicaron hoy fuentes del instituto armado.
La operación ‘RIBER-73’ fue llevada a cabo por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Burgos y personal de Seguridad Ciudadana de la Compañía de Aranda de Duero, instruyendo diligencias que fueron entregadas en el Juzgado de Instrucción número 2 de Aranda de Duero.