El Acuerdo Marco de los Servicios Sociales 2024-2027, firmado entre la Junta de Castilla y León y las diputaciones y los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, financiará dos nuevos programas de promoción de la igualdad. En primer lugar, la contratación de técnicos de igualdad de oportunidades que implementen acciones en esa dirección. En segundo, uno destinado al desarrollo de actuaciones para el fomento de la igualdad y la lucha contra la violencia machista.
La cantidad anual de partida para fijar la financiación de los servicios básicos para los próximos cuatro años será de 160 millones de euros correspondientes a la anualidad de 2023, una suma que irá incrementándose año a año a través de las correspondientes adendas.
El presupuesto inicial del pasado Acuerdo Marco, aprobado en 2019 para el periodo 2020-2023, era de 448 millones de euros. Sin embargo, va a finalizar superando los 580 millones, debido a los sucesivos aumentos anuales llevados a cabo a través de las adendas acordadas.
Ese montante servirá para financiar, durante el ciclo comprendido entre 2024 y 2027, los servicios sociales básicos que se prestan desde los CEAS, que actualmente cuentan con 915 trabajadores, a los que hay que sumarles los equipos de segundo nivel, integrados por 481 profesionales. Es decir, el próximo Acuerdo Marco sufragará los gastos de 1.396 profesionales, que superan los 1.266 del anterior.
Las dos novedades en materia de igualdad de oportunidades fueron anunciadas hoy por la consejera de Familia, Isabel Blanco, tras mantener una reunión con representantes de diputaciones y ayuntamientos que sirvió para fijar la financiación del sistema social autonómico de los próximos cuatro años.
Conforme a la Ley de Servicios Sociales de Castilla y León, el sistema de servicios sociales de responsabilidad pública de la Comunidad lo constituyen el conjunto de recursos, programas, actividades, prestaciones, equipamientos y demás actuaciones de titularidad pública y los de titularidad privada financiados total o parcialmente con fondos públicos. Dentro de este sistema, desempeñan un papel fundamental las corporaciones locales con competencias en materias de servicios sociales, los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y las diputaciones provinciales.
Un comunicado de la Junta señaló que el Acuerdo Marco de Cofinanciación de Servicios Sociales es el instrumento de colaboración y coordinación entre la Junta y las corporaciones locales para la financiación de las prestaciones sociales que han de llevarse a cabo por las mencionadas entidades locales. Es un instrumento que, además de dotarlas de financiación, garantiza la estabilidad, continuidad y homogeneidad en la atención a las personas más vulnerables de Castilla y León, aprovechando la proximidad de los profesionales a los usuarios, evitando de esta forma, duplicidades e ineficiencias.
Además, este modelo de organización y de financiación garantiza, por un lado, la continuidad de los profesionales y de las prestaciones que con él se financian, el intercambio de información entre ambas administraciones, el trabajo en equipo y apoyo técnico entre los profesionales y la homogenización de criterios, protocolos, documentación, etc., en toda la Comunidad.
El Acuerdo Marco está destinado a financiar el personal de los equipos de Acción Social, la atención a situaciones de dependencia y el funcionamiento y prestaciones de la Red de Protección a las Familias y personas.
Los equipos de Acción Social Básica constituyen la unidad básica de articulación funcional del Sistema de Servicios Sociales de responsabilidad pública. Prestan sus servicios en el Centro de Acción Social (CEAS) cuyo ámbito territorial se corresponde con la Zona de Acción Social y depende directamente de los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes o de las diputaciones, que prestan servicio a los municipios de menor población en el ámbito rural. En la actualidad, existe al menos un CEAS por cada Zona de Acción Social, 189 en toda la Comunidad.
1.400 profesionales
Estos 1.396 profesionales constituyen la puerta de entrada a los Servicios Sociales. Se encargan de prestar información, orientación y asesoramiento a todos los ciudadanos que lo soliciten sobre los recursos del sistema. Realizan, además, la detección, diagnóstico y evaluación de la situación de necesidad de cada caso, y elaboran un plan individualizado de atención del usuario, así como un seguimiento. Junto a esto, desarrollan acciones preventivas y de promoción de la convivencia e integración familiar y social, además de acciones de envejecimiento activo y prevención de dependencia. Dan prioridad al acceso a la Renta Garantizada de Ciudadanía y la valoración y seguimiento de las situaciones de dependencia.
Dentro de la atención a las situaciones de dependencia, se financian servicios esenciales para las personas dependientes como el de ayuda a domicilio, la teleasistencia, servicios para las personas mayores, para las personas con discapacidad, formación para cuidadores no profesionales, el mantenimiento de los equipos de promoción de la autonomía personal (EPAP) y los programas de envejecimiento activo y prevención de la dependencia de personas mayores.
Asimismo, dentro de la Red de Protección a las Familias y personas, se financian una serie de programas cuyo objetivo final es la protección a las familias y personas en riesgo de exclusión social. Es el caso de las prestaciones económicas para necesidades básicas de subsistencia en situación de urgencia social, que ha visto incrementado tanto el umbral como el importe máximo, o las prestación extraordinaria frente a situaciones de deuda hipotecaria. Concretamente, el presupuesto inicial de 2,5 millones se ha visto incrementado en 3 más, alcanzando la ayuda a las rentas medias. Otros servicios que se cubren a través del Acuerdo Marco son el servicio de apoyo preventivo a la infancia y a la adolescencia en situación de riesgo, el servicio de apoyo familiar para la protección a la infancia, el de actuaciones preventivas para familias con hijos menores en situación de riesgo y los programas de intervención en drogodependencias.