El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha anulado el Plan de Calidad del Aire por Ozono, aprobado por un acuerdo de la Junta en diciembre de 2021, por su falta de concreción y obliga también al Gobierno de la Comunidad a presentar un nuevo plan en el plazo de seis meses.
Ecologistas en Acción dio a conocer este viernes el contenido de la sentencia, que el alto tribunal les remitió ayer, durante una rueda de prensa en la que su portavoz autonómico, Miguel Ángel Ceballos, realizó un llamamiento al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y al consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación el Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, para que sean responsables con la salud de los ciudadanos y cumplan con el plazo establecido por el TSJ.
La nueva sentencia señala que “la zonificación de evaluación del ozono para la protección de la salud en Castilla y León cuenta con cuatro aglomeraciones en ocho zonas y obliga a la Junta a elaborar planes de protección del aire por ozono en las aglomeraciones de Valladolid, Salamanca, Duero Norte, Montaña Sur, Valle del Tiétar y Alberche, Soria, Demanda y la zona Sur y Este de la Comunidad para la protección de la vegetación, con una superficie de 75.000 kilómetros cuadrados y 1.700.000 habitantes.
Tras recordar que el alto tribunal autonómico les ha dado la razón, Ceballos subrayó que el Plan de Calidad del Aire que aprobó la Junta era un documento “vacuo, carente de contenido real y sin viso alguno de eficacia”, como recordó que ya denunció en su momento Ecologistas en Acción.
La sentencia de 20 de junio de 2023 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCyL, comunicada ayer a las partes, impone las costas a la Junta de Castilla y León y contra ella cabe un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, pero Ceballos subrayó que no sería “responsable” que el Ejecutivo “quiera ganar tiempo”, sino que debe cumplir con su obligación de presentar el nuevo plan.
Según Ecologistas en Acción, la Junta aprobó ese Plan de Calidad del Aire obligada por las sentencias previas de 2018 del TSJCyL y de 2020 del Tribunal Supremo, por haberse incumplido desde 2010 los objetivos legales para la protección de la salud y de la vegetación en ocho de las quince zonas en que se divide la Comunidad a efectos de evaluar y gestionar la calidad del aire.
Ceballos explicó que la Junta “intentando aparentar” el cumplimiento del primer fallo aprobó en 2021 “un Plan único, sin especificar para cada zona las fuentes de emisión, los objetivos cuantificados de reducción de niveles de contaminación y las medidas y proyectos de mejora, calendario de aplicación, estimación de la mejora de la calidad del aire que se espera conseguir y del plazo previsto para alcanzar los objetivos de calidad”, que es lo que exige la normativa.
Así, recordó que el Tribunal señala que “los planes son para zonas concretas del territorio de la correspondiente Comunidad y cuando en esas zonas se hayan superado determinados valores objetivos”, y recuerda “que el ozono no se comporta igual en las áreas rurales y en las urbanas.
Muertes prematuras
Ceballos manifestó que la Junta debe elaborar los planes para zonas concretas y puso como ejemplo que en Valladolid el Ayuntamiento tiene una norma específica, en base a sus competencias al tener más de 50.000 habitantes, pero apuntó al alfoz donde residen 70.000 personas que tienen una interrelación con la ciudad, cuya competencia es de la administración autonómica.
Con la finalidad de evitar los daños que de la contaminación atmosférica puedan derivarse para las personas y el medio ambiente, y teniendo en cuenta que el plazo legal para que la Junta de Castilla y León comunicara sus planes de calidad del aire para el ozono venció en 2014, el Tribunal otorga al Gobierno regional un plazo de seis meses para que elabore correctamente un nuevo plan, y le advierte de que “es indispensable cumplir de manera muy rigurosa el contenido” legal del mismo.
La sentencia, según Ecologistas, constituye un precedente judicial que también condiciona el contenido de los planes de calidad del aire por ozono actualmente en elaboración en Andalucía Baleares, Cataluña, Comunitat Valenciana, Madrid, Murcia y Navarra. Los gobiernos de Aragón, Castilla-La Mancha y País Vasco todavía no han iniciado la redacción de sus planes de ozono.
La Agencia Europea de Medio Ambiente estima en alrededor de 2.000 las muertes prematuras anuales producidas en España por la exposición a niveles de ozono como los registrados habitualmente en verano en el centro y sur de Castilla y León, donde los fallecimientos alcanzarían un centenar al año, según el Instituto de Salud Carlos III. El ozono, además de para las personas, es tóxico para la vegetación, dañando los bosques y reduciendo la productividad de los cultivos, recuerda Ecologistas en Acción.
Es por ello que considera esencial que el nuevo Plan de Calidad del Aire de Castilla y León contemple la implantación de medidas concretas y eficaces para reducir las emisiones contaminantes en el transporte y la industria regionales.
“La Junta de Castilla y León y los ayuntamientos constituidos tras las últimas elecciones municipales deben apostar de manera clara por el transporte público urbano y metropolitano y por la movilidad activa peatonal y ciclista, así como por las energías renovables y el uso de pinturas, tintas y barnices sin disolventes orgánicos”, concluye