El ‘lobby’ de la despoblación, impulsado por la patronales de Soria, Cuenca y Teruel, evidenció hoy la escasa repercusión en la economía de estos tres territorios que tuvieron las ayudas al funcionamiento para sus empresas. A través de un informe encargado a una empresa externa aseguran que resultaron tan “insuficientes” que muchos empresarios no sabían ni de su existencia, ya que el descuento de la cuota en la Seguridad Social revierte de oficio.
El estudio fue dado a conocer hoy en la sede de la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) por el doctor en Economía José Antonio Herce, quien precisó que su elaboración se realizó a través de la encuestas, con respuestas de los propios empresarios.
El economista dio a conocer, además, varios escenarios alternativos sobre el efecto que tendrían las ayudas si se aplicase el máximo de porcentaje de subvención que permite la Unión Europea, es decir, hasta el 20 por ciento de reducción de la cuota de la Seguridad Social.
La mayoría de los empresarios encuestados (93,1 por ciento) señaló que las ayudas son “insignificantes o insuficientes” para generar empleo en sus empresas, y agregó que son tan “insignificantes” que el coste de ayudas podría ascender a 25 millones, con un impacto sobre el PIB también ”insignificante”, y apenas creados 128 empleos, y un retorno fiscal de casi seis millones.
«La insignificancia objetiva de las ayudas en su formulación actual, que pone de manifiesto esta estimación de impacto sobre el empleo, las invalida en relación al objetivo buscado, que es la mejora de la competitividad de las empresas radicadas en zonas despobladas mejorando su supervivencia en el territorio y fomentando la captación de recursos humanos adicionales (nuevos pobladores) en un marco lleno de limitaciones por la escasez de población”, argumentó.
El informe revela que el 71,5 por ciento de los encuestados conocía la existencia de las ayudas al funcionamiento, pero sólo el 55,9 por ciento de los encuestados sabían que estaban siendo beneficiarias de ellas, por ser tan exiguas.
Además, el 56,9 por ciento aumentó su plantilla en 2023, pero sólo una “ínfima” proporción del total, un 2,9 por ciento, lo han hecho por influencia de las ayudas. Además, el 63 por ciento de las bajas valoraciones de las ayudas se encuentra entre los encuestados que no han aumentado las plantillas y el 63,7 por ciento de los encuestados son empresas de servicios y éstos concentran el 60,6 por ciento de quienes valoran pobremente las ayudas.
También recoge que el 78,4 por ciento de los encuestados radican en municipios de 1.000 o más habitantes, y éstos concentran el 75,6 por ciento de quienes valoran pobremente las ayudas. El estudio estima en 128 los empleos creados con el escenario actual de las ayudas al funcionamiento, que ascenderían a 6.000 empleos sí las ayudas se elevan hasta la exoneración de la cuota empresarial por contingencias comunes, y entre 11.000 y 13.000 empleos en la bonificación del 20 por ciento de los costes laborales brutos.
La directora de FOES, María Ángeles Fernández, exigió dar un paso más en las ayudas al funcionamiento, “cruciales” para las empresas de estas tres provincias. El ‘lobby’ SSPA se dirigió en enero por escrito al nuevo Gobierno para reclamar una mayor intensidad en las ayudas al funcionamiento, así como la equiparación entre las empresas existentes y las de nueva creación a la hora de recibir la bonificación, la inclusión en ella de los autónomos y la eliminación de las diferencias en el porcentaje de aplicación en función de los habitantes de los municipios establecidas en las actuales ayudas.
Para la Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa (SSPA) estas ayudas serían un “elemento clave para minimizar el gravísimo problema de despoblación que sufren las tres provincias, pues ayudarían no sólo a las actividades económicas existentes, sino que serían un incentivo para la atracción de nuevas empresas a los territorios, y con ello trabajadores y por ende, población”.
En el marco actual aprobado por el Gobierno, las reducciones para la empresa suponen 22 euros al mes por trabajador para los contratos indefinidos ya existentes en la provincia; 62 euros por trabajador para nuevos contratos indefinidos en municipios de más de 1.000 habitantes y 87 euros mensuales por trabajador para nuevos contratos indefinidos en municipios de menos de 1.000 habitantes.
Las organizaciones empresariales de las tres provincias han solicitado el incremento de la intensidad de las ayudas, “comparable, al menos, a la que se aplica en Noruega, es decir, una reducción de 10 puntos porcentuales en el tipo de cotización social”.