El presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, anunció este jueves un nuevo plan para la paliar la despoblación, mediante el cual dotarán de hasta 30.000 euros a cada municipio que no cuente con un establecimiento de hostelería para que puedan abrir uno. Una ayuda destinada al alrededor de 80 localidades de la provincia que no disponen de bar y a paliar la despoblación y la soledad no deseada.
“Tratamos de combatir los efectos de la despoblación y aislamiento, fomentar que haya un bar en el pueblo, que sea espacio de socialización y ocio, donde mejorar la calidad de vida se pueda sustanciar con una ayuda pública”, remarcó Iglesias en un compromiso con los habitantes de la Salamanca rural, consciente de que “a los que tenemos un bar cerca nos puede parecer algo banal”.
La Diputación provincial destinará a este plan un total de 300.000 euros, con posibilidad de incremento si fuese necesario en futuras convocatorias y en función de la demanda, y podrán acceder al mismo los ayuntamientos que no dispongan de ningún establecimiento de hostelería en activo, “por tratarse de un lugar de encuentro y que fomenta la socialización entre los vecinos”, afirmó.
Una idea que “no nace porque esté de moda, sino porque los alcaldes lo demandan”, continuó Iglesias, bajo la premisa de que “los bares son el centro de reunión” y con el compromiso de “fomentar un espacio natural donde se pueda compartir, y romper las barreras del aislamiento”, creando un “espacio de socialización intergeneracional desde los más jóvenes a los mayores”.
Entre los requisitos para solicitar la ayuda, el fundamental es que el pueblo no cuente con ningún establecimiento de hostelería. A partir de ahí, se establece un compromiso de apertura durante todo el año de al menos dos días a la semana y un periodo de actividad de al menos cinco años. Podrán solicitar estas ayudas los ayuntamientos que quieran abrir un establecimiento de hostelería a lo largo de 2024 en un local de titularidad municipal y la gestión del mismo podrá ser directa o indirecta y en este último caso, la adjudicación del mismo debe hacerse a través de un sistema que garantice la concurrencia competitiva.
Las subvenciones de hasta 30.000 euros por municipio podrán destinarse a obras de adaptación de los edificios de titularidad pública para esta finalidad, y una parte de ella, con un máximo de 3.000 euros, podrán dedicarse a la adquisición de mobiliario o maquinaria para prestar este servicio, como cafeteras, congeladores o barras, entre otros.
Javier Iglesias se mostró “verdaderamente ilusionado” ante esta iniciativa que calificó como “el mejor regalo de Reyes” para los pueblos, en pro también de la economía social. Así, afirmó que para llevar a cabo este tipo de iniciativas “no tienen que contar con demasiado dinero” pero que ningún pueblo que cumpla los parámetros establecidos se quedará sin esta subvención, cuyas primeras ayudas están previstas que se publiquen para los meses de febrero o marzo de 2024.