La Junta de Castilla y León cifró hoy en el 62,2 por ciento el nivel de ejecución de los más de 2.100 millones de euros asignados a la Comunidad Autónoma en los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) y Next Generation y en el 73 por ciento a nivel de convocatorias abiertas de ayudas. La directora general de Política Económica y Competitividad de la Consejería de Economía y Hacienda, Rosa Cuesta, aseguró que Castilla y León es la sexta comunidad a nivel de ejecución de fondos europeos. “Se trata de un nivel de ejecución bastante importante. Está costando y, seguramente, habrá que mejorar más”, añadió.
Con motivo de la jornada ‘El mecanismo de recuperación y resiliencia y su impacto en Castilla y León’, organizada por Comisiones Obreras y el Consejo Económico y Social (CES), Cuesta recordó que la Comunidad tiene asignado más de 2.100 millones corresponden a fondos públicos en transferencias del Estado, determinados en las conferencias sectoriales.
Destacó el cumplimiento de los hitos y objetivos marcados por el Gobierno de España con la Unión Europea aunque dejó claro que “otra cosa” es que la Junta coincida con el nivel de flexibilidad al considerar que debe ser “aún mayor”. A su juicio, es necesario avanzar en la flexibilidad en la recta final, cuando se está “a contracorriente” y no está asegurado que haya una ampliación de los plazos. También, abogó por una mayor interlocución a la hora de aplicar los fondos que aún no han sido transferidos al valorar las capacidades de cada autónoma. “Somos capaces de aportar muchísima información, en función de nuestro tejido industrial, la capacidad productiva y la estructura social para repartir esos fondos”, manifestó.
Rosa Cuesta señaló que cada administración asume sus compromisos y obligaciones al precisar que el único interlocutor ante la Unión Europea es el Gobierno de la Nación, que ha sido el encargado de marcar los objetivos a cumplir en el país. Y expuso que tanto el MRR como los Pertes son una “oportunidad” para Castilla y León, por lo que se trabaja con todos los ministerios y en la transferencia de fondos que se asignan a la Comunidad.
Reconoció “tensiones” en “algunos” cumplimientos de objetivos en determinados sectores productivos en los ámbitos de sostenibilidad ambiental y la digitalización por las complicaciones para adaptarse y los ritmos exigidos. Citó la automoción a la hora de la eficiencia energética. Pero también valoró la “integración completa” de la sociedad, con una gran respuesta de los ciudadanos en las convocatorias de eficiencia energética y autoconsumo. “Hay una adaptación buena, aunque un poco acelerada, a los objetivos de Europa y que el Gobierno central ha integrado en su plan nacional”, apuntó.
Por su parte, el subdirector general de Programación del Plan de Recuperación y Resiliencia del Ministerio de Hacienda, Jordi Colgan, aseguró que el Gobierno central está comprometido con la ejecución de los fondos europeos aunque reconoció que hay “ligeros” retrasos. No en vano, precisó que en cuanto a las solicitudes de desembolso hay un “decalaje” de unos seis meses, respecto a la previsión inicial. En parte, lo justificó por la aprobación de adenda al Plan en octubre pasado, que ha supuesto una modificación. Hasta el punto que España cuenta con un total de 163.000 millones de euros, que supone el doce por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) nacional. Una cantidad que se divide entre los 84.000 millones en préstamos y 79.000 millones en transferencias.
Colgan, que también participó en la mesa redonda de la jornada, recordó que el mes próximo se cumplirán tres años de la aprobación del Plan de Recuperación y quedan otros tres años, hasta 2026 por delante para su ejecución. En este sentido, apuntó que la previsión del Gobierno de España es realizar dos solicitudes de pago a la Comisión Europea (CE) por cada uno de los tres ejercicios restantes, con lo que se cumplirían con las previsiones establecidas en el momento inicial.
El responsable del Ministerio manifestó que el pasado 20 de diciembre se presentó la cuarta solicitud de pago, por valor de 10.000 millones de euros, y se está en negociaciones con la CE para su desembolso “lo antes posible”. También, consideró “vital” la participación de las comunidades autónomas y los agentes sociales para el cumplimiento de los compromisos adquiridos.