La Junta de Castilla y León mantiene su intención de presentar un recurso ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto sobre la regularización extraordinaria de inmigrantes, con independencia de lo que dictamine la Sala de lo Contencioso Administrativo que tiene previstas cinco vistas este viernes. “Tenemos nuestra propia hoja de ruta”, afirmó hoy el portavoz de la Junta y consejero en funciones de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo.
Minutos antes de participar en el XXXIII Encuentro de Economía Pública, que se celebra desde este jueves en el Palacio de Congresos Conde Ansúrez de Valladolid, Fernández Carriedo aseguró que el recurso de la Junta seguirá unos “criterios” propios que no tienen “por qué coincidir con los de otros”. “Tiene sentido que lo presentemos”, apostilló, porque no solo reclaman una paralización cautelar, sino que entran en el “fondo” de la normativa.
En ese sentido, el consejero portavoz recordó que el Ejecutivo de Castilla y León sustentará el recurso, que todavía no tiene fecha de presentación, sobre el procedimiento y los requisitos previstos por el Gobierno ya que entiende que “no están asegurando el cumplimiento objetivo de las condiciones” previstas en el Real Decreto.
Por otra parte, la Junta, según señaló Fernández Carriedo, planteará en el recurso que la regularización supone un “perjuicio” para la normativa europea en relación a la libre circulación de los ciudadanos por el territorio comunitario. No obstante, el portavoz insistió en el “respeto” al procedimiento iniciado por otras comunidades y colectivos como Hazte Oír, la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica y la Asociación Libertad y Justicia.