La Consejería de Industria, Comercio y Empleo sentencia que la reclamación presentada por CCOO y UGT ante el Comité Europeo de Derechos Sociales “no tiene por finalidad la evaluación de las políticas públicas consensuadas en el marco del Diálogo Social”, sino “la obtención de subvenciones para sus propias organizaciones”. “Este no es el espíritu del Diálogo Social reflejado en su ley de creación en el que el papel que juegan los sindicatos es el de representar a los trabajadores y no a sus propias organizaciones e intereses”, afirman en un informe, que prepara su defensa ante la admisión a trámite de la demanda sindical.
“El Diálogo Social no es un medio para la obtención de subvenciones por parte de los sindicatos con las que financien sus estructuras, sino que su única finalidad es financiar los servicios que se prestan a los ciudadanos buscando mejorar su calidad de vida”, argumenta.
La Consejería de Industria, Comercio y Empleo expone que el objeto del Diálogo Social no puede estar condicionado al objetivo que tienen los sindicatos que “consiste en la recuperación de las subvenciones que venían percibiendo en la legislatura anterior porque no existe aquí un interés general de desarrollo económico y social en pro de los trabajadores sino un interés espurio consistente en no perder la cuantiosa financiación que estos sindicatos reciben por ejecutar una parte de las políticas públicas que se encuadran en el marco del Diálogo Social”.
El documento de los servicios jurídicos suscrito por el consejero Mariano Veganzones también constata que los acuerdos que se han alcanzado en el marco del Diálogo Social “son de carácter político, no jurídico”. “Su naturaleza no es vinculante” por lo que son “meros compromisos de conducta”. Asevera que el Consejo del Diálogo Social es un «órgano institucional de encuentro» por lo que sus acuerdos tendrían una naturaleza “estrictamente política, no jurídica, cuyo cumplimiento jurisdiccional no podría exigirse en su parte discrecional”.
El informe jurídico del departamento del consejero Veganzones para defenderse ante los ataques sindicales en Europa asegura que la ley define la negociación y concertación del Diálogo Social como un proceso de carácter “tripartito” ya que “han de participar en él no sólo las organizaciones sindicales más representativas sino también las empresariales y la Junta de Castilla y León”. En este sentido, defiende que la Junta apuesta por un Diálogo Social “eficaz y eficiente y con un coste adecuado y una participación que no produzca conflicto de intereses y sea respetuosa con el papel del resto de actores de la sociedad civil”. “No puede hablarse de incumplimiento del Diálogo Social”, remarca el texto.
El texto incide además en que existen organizaciones con más amplia representación sectorial que los propios miembros del Diálogo Social y que “están sistemáticamente excluidas de ese proceso de negociación y concertación” cuando el Tribunal Supremo indica en una sentencia que tanto UGT, CCOO y la patrona son organizaciones representativas, pero no son los únicos interlocutores y “la atribución de posición única carece de justificación”.
“Cajón desastre”
El informe constata que según las orientaciones del Tribunal Constitucional se deben excluir del Diálogo Social aquellos asuntos de interés específico de las organizaciones que lo conforman y en la Comunidad se ha ido ampliando y acumulando materias, y se ha convertido en un “cajón desastre” incluyendo asuntos de toda índole “en los que el interés de los sindicatos participantes es obtener su propia financiación, más allá del contenido que se trate en los mismos”.
“Las organizaciones reclamantes no señalan en su escrito de reclamación que una parte de las políticas públicas que se contemplan en los mencionados acuerdos son ejecutadas por ellos mismos para lo que reciben cuantiosas subvenciones”, resume.
El escrito también acusa a los sindicatos de incumplimientos del Diálogo Social y de efectuar reclamaciones “selectivas” ya que, incide, omiten los incumplimientos del Gobierno de España en materias como el SMI, la Ley General de la Seguridad Social, el Estatuto del Becario, la Jornada Laboral o la Negociación Colectiva. Critica las reclamaciones “selectivas” de los sindicatos y se pregunta si su falta de crítica al Gobierno de España responde a los cerca de 34 millones de euros que han recibido de la Administración central en los últimos dos años.
“Mientras reciben subvenciones no se quejan del mal funcionamiento del Diálogo Social”, lamenta, y agrega que “el Diálogo social no consiste en reclamar la devolución de subvenciones por parte de los sindicatos para financiar sus estructuras, sino que debería ser un medio que permitiese negociar políticas públicas que procurasen mayor bienestar y crecimiento económico a la sociedad”.
En cuanto a la supuesta pérdida de derechos de cinco artículos de la de la Carta Social Europea, la Junta remarca el “denodado interés” por recuperar unas subvenciones “bajo la excusa de la pérdida de derechos sociales ampliamente implantados en el territorio español y por ende en nuestra Comunidad “autónoma”. “Su su única intención es percibir año tras año, independientemente de la coyuntura económica existente, estos fondos públicos como si de un derecho adquirido se tratase, bajo la falsa nomenclatura del Dialogo Social que no es ni una cosa ni otra, ya que ni hay dialogo tripartito de acuerdo con el concepto recogido en la ley autonómica, sino un monólogo de la parte sindical, ni tampoco social porque sus reclamaciones, lejos de responder a una necesidad social alegada, concreta y existente que afecte a los ciudadanos y trabajadores de la Comunidad de Castilla y León parece responder a fines únicamente crematísticos”.
Subvenciones a las centrales
El informe también detalla las subvenciones que tanto UGT como CCOO han venido recibiendo por parte de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo por el mero hecho de participar del Diálogo Social desde 2018. En este sentido, precisa que de 2018 a 2023 recibieron más de 39 millones de euros tan solo por participar en el Diálogo Social.
Además, precisa que de 2018 a 2021 obtuvieron casi 35 millones de euros; y de 2022 a 2023, les otorgaron 4,2 millones de euros. Es decir, un recorte del 88 por ciento. El primer año de esta legislatura (2022), supuso un recorte del 60 por ciento con respecto al año 2018; y el segundo, un descenso del 95 por ciento con respecto al año 2018.