Las sucesivas huelgas en el ámbito judicial redujeron un 13 por ciento los asuntos de justicia gratuita atendidos por los abogados del turno de oficio de Valladolid durante el primer semestre de 2023, con 3.483 expedientes tramitados. Esto se debe a la caída de la instrucción, que se desplomó un 30 por ciento debido a los paros en los juzgados.
“En los procedimientos en los que no hay detenidos, al no celebrarse juicios, no se han producido tampoco requerimientos de letrados por parte del juez, lo que ha provocado que los asuntos de Instrucción hayan bajado con respecto al mismo periodo del año anterior”, explicó el responsable del Turno de Oficio en la Junta de Gobierno del Colegio de la Abogacía de Valladolid (ICAVA), Fernando Rosat. No obstante, los asuntos de violencia de género se mantuvieron en 466. Son apenas dos menos que los registrados en el mismo periodo del año pasado, cuando se alcanzó la cifra más alta de solicitudes de toda la década.
Los abogados del ICAVA celebraron este miércoles el Día de la Justicia Gratuita con una concentración en la puerta de los juzgados de la calle Angustias, en la que aprovecharon para demandar una serie de mejoras materiales y económicas en materia de justicia gratuita y turno de oficio y manifestaron su “descontento” con el trato recibido por parte del Ministerio de Justicia y sus órganos dependientes.
Los asuntos de instrucción y de violencia de género están incluidos dentro de la jurisdicción penal, que ha caído un 19 por ciento en los seis primeros meses del año. Es la más numerosa y a la que pertenecen casi dos de cada tres solicitudes de justicia gratuita que tramitan los letrados de Valladolid. Dentro de ella también se contabilizan los asuntos de menores, que se mantienen prácticamente estables con respecto a las cifras del año pasado, con 151 solicitudes. Además, l atiende los casos de vigilancia penitenciaria (41 en el último año), juzgado penal (21 expedientes) y de la Audiencia Provincial (cuatro expedientes), todos ellos con un volumen escaso de peticiones, cuya variación apenas influye en la estadística general.
Los asuntos de la jurisdicción civil, la segunda en número de expedientes, también se vieron mermados un 13 por ciento en el primer semestre en comparación con las cifras del año pasado, con un total de 811 solicitudes atendidas. Además de las huelgas, que también se secundaron en los juzgados civiles, también influyó la suspensión de los desahucios de familias vulnerables decretada por el Gobierno que continúa en vigor hasta final de año y que ha reducido el número de procedimientos en esta área.
El resto de jurisdicciones, con un volumen de solicitudes mucho menor, experimentaron sin embargo un crecimiento del número de asuntos tramitados en la primera mitad del año. Destaca especialmente el caso de Extranjería, que se ha disparado un 155 por ciento con respecto a las cifras de 2022 al pasar de 61 a 156 expedientes. “La mayor parte son peticiones de asilo de ucranianos y peruanos, pero nos ha llamado mucho la atención el incremento de solicitudes de ciudadanos de Mali”, afirmó Fernando Rosat, que explicó que lo habitual es tramitar la solicitud de asilo en la primera ciudad a la que se llega en España.
“Aunque Valladolid no es un lugar de entrada, puede que se haya producido un efecto llamada y que los solicitantes vengan aquí pensando que su petición se va a tramitar más rápido que en otros juzgados más saturados, como los de Canarias, Melilla o Barcelona”, apuntó el responsable del Turno de Oficio del ICAVA.
Por su parte, los asuntos contencioso-administrativos crecieron un 26 por ciento en los primeros seis meses, con un total de 147 solicitudes atendidas, y los de la jurisdicción Social han crecido un 18 por ciento al alcanzar los 167 expedientes tramitados. En los asuntos militares, los datos arrojan una caída del 25 por ciento al pasar de cuatro a tres procedimientos, unas cifras de nuevo tan reducidas que, aun con un porcentaje de variación elevado, apenas son significativas en el cómputo colectivo.
En cualquier caso, desde el ICAVA recordaron que “las estadísticas no reflejan algunos asuntos en los que los abogados de oficio sí que llegan a intervenir pero que, a consecuencia de que el defendido no tramita correctamente la solicitud, o no aporta la documentación que se le requiere, la petición se archiva y, por tanto, no se contabiliza”. “Tampoco se cobra, a pesar de que el servicio está prestado”, añadió Rosat.
El turno de oficio, en peligro
De los 1.265 abogados del ICAVA, el 34 por ciento (433) está inscrito en el turno de oficio, una cifra que, aunque continúa siendo superior a la media nacional (31 por ciento), registró un descenso significativo en el último año, al perder 76 adscritos con respecto a los que se contabilizaban en junio de 2022. La tendencia es general se repite en Castilla y León y a nivel nacional: “Las continuas trabas burocráticas a las que debemos hacer frente los abogados del turno de oficio están terminando por colmar la paciencia de muchos profesionales, que después de muchos años prestando el servicio ya no pueden más”, explicó Fernando Rosat, quien añade que el fenómeno se junta con “una falta de relevo generacional”.
La caída en el número de adscritos al turno de oficio, especialmente acusada en el último año, hizo “saltar las alarmas” de las instituciones colegiales, que advirtieron: “Esta desilusión va a provocar que no haya profesionales que quieran prestar este servicio, lo que va a comprometer el servicio esencial que es la Justicia Gratuita. El turno de oficio está en peligro y, si no se hace nada para protegerlo, la ciudadanía no va a poder disfrutar de un derecho que es suyo”.
En total, Castilla y León contaba al cierre del año pasado con 1.913 abogados adscritos al turno de oficio, lo que supone una caída del 8,2 por ciento en comparación con las cifras de 2021. Aunque es una tendencia general que se sucede en todo el país, donde la media cae un 2,9 por ciento, Castilla y León es la que anotó el descenso más acusado de todos. En la Comunidad, todas las provincias registran bajadas, pero las más fuertes se produjeron en Valladolid, Salamanca y León, los tres colegios más numerosos.
A pesar de ello, los adscritos al turno de oficio representan el 39 por ciento de los 4.868 colegiados ejercientes de Castilla y León, un porcentaje que supera a la media española. En cuanto a sexos, el 56 por ciento de los letrados del turno de oficio de la región son hombres y el 44 por ciento, mujeres.
En 2022, el Estado invirtió 8,9 millones de euros en la Asistencia Jurídica Gratuita en Castilla y León, un aumento del 16,5 por ciento con respecto a 2021, cuando solamente se recibieron ocho millones de euros debido al parón por la pandemia y el descenso en el número de casos. Sin embargo, la retribución media que percibieron los profesionales por cada asunto tramitado subió de los 147,87 euros de 2021 a los 148,11 euros de 2022, lo que supone un incremento de 24 céntimos. Esta cantidad incluye la atención 24 horas al día, 365 días al año, y continúa muy por debajo de la que se maneja en los despachos.