Los anteriores socios de gobierno, PP y Vox, junto con los dos procuradores no adscritos, tumbaron hoy que siga la tramitación de la proposición de ley que plantea cambios a la norma vigente de vivienda en Castilla y León con el argumento de defensa de las medidas de la Junta que dan seguridad jurídica, sin que exista un problema habitacional en la Comunidad.
La propuesta sí contó con el voto a favor de la toma en consideración del resto de los partidos minoritarios de la oposición, para quienes, en línea con el PSOE, existe un problema real en el acceso a una vivienda con un precio asequible.
La socialista Laura Pelegrina defendió que la vivienda es un derecho para su partido y un “negocio” para el PP y criticó que la Junta no cumple con la ley de vivienda nacional ni ha creado una empresa pública, cuando indicó que el número de viviendas sociales ha caído y el alquiler se ha incrementado de manera exponencial.
“Es un problema real, de emergencia habitacional”, resumió, para asegurar que la propuesta tiene como objetivo “blindar” el parque de vivienda pública para que “no se pueda especular” y se garantice la vivienda como una política pública. “Defender la vivienda es defender la igualdad”, aseveró.
La modificación plantea la calificación permanente de la vivienda de protección pública una vez obtenida y durante toda su vida útil para aquellos inmuebles que hayan sido beneficiarios de cualquier tipo de ayuda económica procedente de la administración pública. También, limitar a un máxima del 30 por ciento de los recursos del inquilino el precio del alquiler en viviendas que hayan recibido ayudas públicas.
La proposición del ley fue presentada el pasado mes de diciembre por el entonces portavoz del Grupo Socialista, Luis Tudanca.
En contra
La popular Mercedes Cófreces criticó el efecto de la ley de vivienda del Gobierno por disparar los precios en un 22 por ciento y, respecto de los cambios, sostuvo que el mantenimiento en el tiempo de la calificación de vivienda pública casi no existe en las comunidades y no está comprobado un efecto positivo en el mercado. “Vayamos a propuestas serias y seguras”, valoró. “No más experimentos como las áreas tensionadas, que no han funcionado”, apostilló.
En cuanto a topar en un máximo del 30 por ciento el alquiler sobre los ingresos del inquilino en viviendas con ayudas públicas, explicó que ya existe en normas de la Junta y pidió que el PSOE de Castilla y León adopten otras vías y “no hagan seguidismo” de políticas del Gobierno que “no han funcionado”. “Mientras en España hay un problema de vivienda, en Castilla y León no le hay, no se percibe así”, opinó.
Sin embargo, defendió que, aunque no es un problema en Castilla y León, sí es una prioridad para el Gobierno del PP que ha destinado 900 millones en esta legislatura con los que se ha primado a colectivos más vulnerables, aumento del parque público y de alquiler y 38.000 personas se han beneficiado de las ayudas al alquiler.
Por parte de Vox, Ignacio Sicilia manifestó que la crisis de la vivienda la han provocado “esos”, en referencia a PP y PSOE a los que apuntó con su dedo en su intervención en la tribuna, recordó que su partido ha denunciado en múltiples ocasiones “la política errática” del bipartidismo en esta materia y afeó que sus medidas para dar una solución habitacional fueron rechazadas.
“El Gobierno de Sánchez no hace más que tocar las teclas equivocadas”, señaló, para pedir suelo a disposición del mercado, reducir las trabas burocráticas, crear un entorno fiscal favorable y explorar fórmulas para limitar la demanda extranjera, entre otras medidas de Vox, ante el incremento del precio por encima de los salarios.
A favor
En turno para fijar posición, Francisco Igea explicó su voto a favor para que “no se especule” en materia de vivienda, como un hecho simbólico más que útil, aunque se mostró convencido de que no se va a tramitar ni aprobar cuando la legislatura está a punto de terminar.
Por su parte, Pablo Fernández, que avanzó el voto a favor, coincidió en los planteamientos expuestos de salvaguarda de la vivienda pública y de limitación del precio del alquiler para que no exceda del 30 por ciento de los ingresos del inquilino. “Es preclaro que del PP no se puede esperar nada porque concibe la vivienda como un negocio para beneficiar a los grandes tenedores”, aseveró.
Pero también censuró la ley del PSOE en el Congreso con la que “no se favorece” el acceso asequible a una casa. “Hay que elegir o estar con los rentistas y los fondos buitres o con los inquilinos, y nosotros lo tenemos claro”, afirmó, para pedir intervenir el mercado, bajar por ley un 40 por ciento el precio del alquiler, impedir la compra de una vivienda que no sea para residir y frenar la proliferación de pisos turísticos.
Luis Mariano Santos (UPL) argumentó que “no parece oportuno” oponerse a la tramitación de una ley y no respetar a la Cámara y afirmó, tras considerar la vivienda como uno de los principales problemas de este país, que la propuesta plantea dos cambios, sobre los que cuestionó la extensión de la calificación de la vivienda protegida como solución y abogó por una norma en todas las comunidades.
El leonesista atribuyó una responsabilidad al PSOE por prometer más vivienda pública que no se cumple en la práctica y trasladó el apoyo a la toma en consideración para mejorar lo que puedan en el caso hipotético de que siga la tramitación.