El Grupo Parlamentario Vox en las Cortes de Castilla y León insta, en una proposición no de ley, a una política de retorno de menores extranjeros no acompañados en la línea de garantizar una inmigración legal, ordenada e integrada. Es la primera iniciativa que firma Juan García-Gallardo como portavoz.
García-Gallardo ya avanzó en su primera comparecencia ante los medios de comunicación en este nuevo curso político en el que han pasado a la oposición en las Cortes la presentación de una batería de medidas en relación con la inmigración, materia a la que, además, condiciona Vox sus acuerdos con el PP.
En la propuesta de resolución, instan a la Junta a establecer en el marco del Plan Director de Cooperación al Desarrollo de Castilla y León una partida destinada a modernizar los servicios de asistencia a menores de Marruecos y Argelia, con el objetivo de facilitar el retorno con sus familias de los menores extranjeros no acompañados residentes en la Comunidad de Castilla y León, o en todo caso, la asunción de su tutela por parte de los Servicios Sociales de su país de origen o residencia.
Según Vox, la finalidad de la repatriación no es otra que satisfacer ese interés superior del menor, que se basa en primer lugar por su retorno junto a su familia, bien a su país de origen o aquél donde se encuentren sus familiares, o, si no se pudiera dar el caso, evitar una situación de desamparo y desarraigo, que vendría a ser paliada por la tutela de los servicios de protección de menores de su país de origen, donde estos menores sí mantienen unos vínculos culturales, idiomáticos y sociales.
Califica de “prioritario” implementar dentro de los objetivos previstos en la cooperación al desarrollo de la Junta de Castilla y León un programa específico que promueva la firma de acuerdos y convenios dirigidos a establecer una adecuada colaboración con los correspondientes organismos del sistema público de protección de la infancia de sus países de origen.
Su objetivo es realizar en materia de inmigración una política que priorice el retorno de los menores extranjeros no acompañados con sus familiares o en su caso transfiera su tutela a los Servicios Sociales de su países de origen, prestando a estos centros la asistencia técnica y financiera necesaria para garantizar los derechos del menor repatriado.
Para Vox, la aprobación de esta iniciativa parlamentaria en materia de inmigración supondría un primer paso para combatir a las mafias del tráfico ilegal de personas y acabar con el pernicioso “efecto llamada”, del que culpan tato al gobierno socialista y al PP de Feijoo.
Según Vox, estas mafias extranjeras utilizan “sin ningún escrúpulo a los menores, provocando su desarraigo, precisamente uno de los factores que elevan el índice de criminalidad entre este colectivo, poniendo en peligro así, no solo el bienestar del menor, sino la seguridad de la sociedad de acogida”.