El Gobierno en funciones ordenó el realojo de unos 150 inmigrantes de origen africano, procedentes de las Islas Canarias, en el edificio del Hotel Balneario Palacio de Las Salinas de Medina del Campo (Valladolid), que estaba cerrado desde hace aproximadamente medio año a causa de unas obras. La contratación, realizada directamente entre el Ejecutivo con la plataforma Chekin Hoteles, tendrá una duración de un mes.
Se trata de un primer grupo que ha llegado a Castilla y León en las últimas horas, si bien la Comunidad acogerá una cifra aún indefinida en un total de seis centros de otras tantas provincias, según avanzó la delegada del Gobierno, Virginia Barcones. La medida, que ensalza el “carácter solidario” de Castilla y León, tal y como destacaron todas las administraciones, ha abierto no obstante una grieta en las relaciones entre el Ejecutivo central, la Junta y el Consistorio medinense, al entender estos últimos que lo ideal hubiera sido comunicarlo para prestar una atención más coordinada”.
Así, Barcones recordó que “España y Castilla y León son solidarios”, y en ese aspecto enmarcó una “fluida relación” con la Junta y las administraciones locales para “garantizar la dignidad de todas las personas y desde luego los derechos humanos”. En esta dirección, recordó que en los últimos días se ha registrado un movimiento de población inmigrante, que “requiere ser atendida, dentro de la lealtad y cooperación del Gobierno de España con las distintas comunidades autónomas”. En estos momentos, prosiguió, “se están desarrollando todos los trabajos previos para poder garantizar ese movimiento, atención y garantía de derechos humanos de la forma más efectiva, más racional”, como “se hecho hecho siempre”.
De hecho, comunicó que ha mantenido una reunión con ACCEM, principal organización que gestiona las llegadas de población inmigrante, a raíz de la cual se informará de cuáles son las provincias que los acogerán, siempre en contacto con la Junta y los ayuntamientos. “Por supuesto que siempre se coordinará con la Junta”, sentenció Barcones, quien insistió de que se trata de una “fase incipiente” en la que se valora el alojamiento, los debidos cuidados y la correcta distribución en un país y una Comunidad “solidarios”.
Barcones, quien explicó que “lo acaecido en las últimas horas es el trabajo previo para una correcta coordinación, con un trabajo que siempre es y ha sido fluido con todas las instituciones, porque la solidaridad de todos los municipios es algo incuestionable”. “Necesitamos un mínimo de tiempo y orden para dar una información correcta”, dijo.
Discrepancias
No lo veía igual el primer edil de la Villa de las Ferias, Guzmán Gómez, quien afeó la “deslealtad, descortesía y poca deferencia” del Gobierno por omitir la comunicación al Ayuntamiento. En declaraciones, apeló a la “solidaridad y generosidad” de los medinenses y del equipo de Gobierno, que siempre “han recibido a todos con los brazos abiertos, sobre todo a quienes más lo necesitan”, pero matizó su “decepción” en este caso concreto, también con la Delegación y Subdelegación del Gobierno, por “no haber tenido ni una sola noticia de esto, más allá de las redes sociales y los medios de comunicación”. “Es muy preocupante porque afecta al principio de deslealtad”, denunció, visiblemente molesto.
A este respecto, la delegada del Gobierno reclamó tiempo y contestó: “Si el alcalde tiene cualquier duda, sabe que mi teléfono y el de la subdelegada están abiertos, en ambas direcciones. Ahora se está abordando de la mejor manera posible”, precisó.
Sin embargo, Guzmán Gómez trasladó la incertidumbre por la llegada de un grupo tan importante de personas a una localidad como Medina del Campo, dado que “se desconoce si están identificados, en qué circunstancias sanitarias llegan, y en qué niveles de seguridad, porque lo hacen en plena alerta 4 terrorista”. “Nadie tenía conocimiento de esto. No costaba nada al menos hacer una llamada”, comentó Gómez, quien sostuvo que la Junta de Castilla y León “tampoco lo sabía”.
Efectivamente, fuentes de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades consultadas por ratificaron su desconocimiento y defendieron que “lo normal es que el Gobierno central hubiera informado para poder coordinar la atención a las 150 personas inmigrantes”.
El departamento dirigido por Isabel Blanco ensalzó que Castilla y León “ha demostrado siempre ser tierra de acogida y lo seguirá siendo”, pero reafirmó que, “aún siendo competencias estatales, la llegada de estas personas ha sido una decisión unilateral del Gobierno, que en ningún caso se ha puesto en comunicación con la Junta”.
“En buen estado sanitario”
Por último, fuentes de la Dirección del Hotel explicaron que la comercialización la ha llevado directamente el Gobierno con Checkin Hoteles y a ellos les han informado y “los chicos están aquí como si fueran otro cliente”. Sin embargo, matizaron que se han suscrito bajo “tarifas pactadas”, dado que se trata de “dar un servicio a un problema humanitario que existe en este momento”.
Tras las obras y labores de “modernización” que el hotel ha llevado a cabo en los últimos seis meses, tanto en sistemas de calderas o aire acondicionado, entre otros, la apertura del establecimiento estaba ya programada para el 1 de noviembre, que es festivo, y para el que ya existía una importante cifra de reservas de clientes, a los que la Dirección está recolocando en otros hoteles tras “el cambio de operativa”.
Junto a los 150 jóvenes se encuentran en las instalaciones unos 20 profesionales de ACCEM, entre ellos sanitarios de diferente índole, como médicos, enfermeras o psicólogos. “Son todos chavales jóvenes. Hay que ver la penuria que habrán pasado hasta llegar aquí”, comentaron estas fuentes del hotel, quienes señalaron que “se les están revisando y están en buen estado sanitario de salud y físicamente”.