Los servicios de la Junta de Castilla y León llevaron a cabo ayer mismo, ante los hechos denunciados por una organización animalista, una inspección en la granja porcina del Quintanilla del Coco (Burgos) y no detectaron ningún indicio que motivara la apertura de un expediente sancionador.
En la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, aseguró que los técnicos de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural estuvieron este miércoles en la explotación porcina y no detectaron ningún elemento que debiera ser sancionado.
De hecho, Fernández Carriedo aseguró que esta granja, propiedad del alcalde del municipio, ha sido objetivo de visitas “recientes” por parte de la Administración autonómica, a las que se unió la de ayer mismo, que explicó se llevó a cabo fuera del calendario habitual de las inspecciones que se realizan en las explotaciones ganaderas, y no descartó que haya otras posteriores.
Asimismo, el portavoz de la Junta aseguró que no le correspondía pronunciarse sobre las imágenes difundidas del interior de la granja sobre el estado de los animales, ni tampoco pronunciarse si correspondían a esta explotación burgalesa, ya que aseguró desconocer cómo se habían tomado, a diferencia del consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones, quien aseguró que son “totalmente falsas”.
De la misma forma, el consejero portavoz pidió dejar que la justicia haga su trabajo y determine si se ha vulnerado la normativa, después de que la ONG española Observatorio de Bienestar Animal se ha querellado por el estado de abandono de los animales y las instalaciones. Además, señaló que si corresponde, una vez intervenga el juzgado, la Junta se personará, sin darlo por sentado ya.
Además, indicó que en estos casos el procedimiento administrativo, tras los trámites de alegaciones, puede derivar en sanciones, que en los casos muy graves, conlleva hasta el cierre de explotaciones, como recordó ocurrió con los focos de gripe aviar. De hecho, señaló que en algunos casos se les ha criticado por un “exceso de celo”.
De esta forma, el portavoz rechazó que se utilice este caso para generalizar o abrir un “debate interesado” sobre los productos ganaderos de la Comunidad, porque señaló que en caso de que la denuncia continúe y se confirmen los hechos expuestos, será en todo caso una situación puntual.
Fernández Carriedo hizo una defensa de los productos de Castilla y León, en concreto, de los ganaderos y la carne, que señaló son de la “máxima calidad” a pesar de que desde algunas “instancias ideológicas” se intente “hablar mal” de ellos. Además, recordó que con ello se perjudica a una actividad, con “vocación exportadora”, y que sufre los efectos de las subidas de precios de los piensos, cereales o forrajes.
Veterinarios
Por otra parte, el portavoz de la Junta defendió que los veterinarios que prestan servicio en la Administración autonómica, como los que ejercen esta profesión en la actividad privada, gozan de la misma formación, conocimientos, capacidad para certificar sus actuaciones y de los mismos criterios deontológicos. Por ello, sostuvo que no impide a las empresas prestar sus servicios, después de que haya publicado la posibilidad de que estos profesionales se encarguen de los saneamientos ganaderos.
Carlos Fernández Carriedo insistió en que las dos actividades son “compatibles”, porque los veterinarios de la Junta tienen que actuar de acuerdo al derecho administrativo y ejercer la potestad pública, mientras en el sector privado ejercen en función de sus competencias. Como ejemplo citó a los ingenieros de la Administración o las constructoras o a los médicos de Sacyl y de la sanidad privada, que recalcó tienen la misma capacidad para emitir un certificado.