El Partido Animalista contra el Maltrato Animal (Pacma) ha formalizado ya su demanda contra el único toro embolado que aún se celebra en Castilla y León, el denominado Toro Júbilo de Medinaceli (Soria). La magistrada del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Soria tendrá que valorar ahora los argumentos jurídicos de la formación política que afirma que “carece de base legal para poder seguir celebrándose”, según informó hoy el partido en un comunicado.
Entre los argumentos recogidos en la demanda, la asesora jurídica del partido, Eva Ramos, destaca la modificación de la ordenanza reguladora del festejo que aprobó el Ayuntamiento de Medinaceli en 2015, tras la cual, según señala Pacma, el Consistorio no habría seguido el procedimiento legalmente establecido en el Reglamento Taurino de Castilla y León. Por ello, sostiene, el Toro Júbilo carecería desde entonces de su catalogación como “espectáculo taurino tradicional”.
Esta cuestión, que también denunció el partido sobre el Torneo del Toro de la Vega de Tordesillas, cuya celebración continúa paralizada desde 2022, en virtud de otro recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad. El equipo legal de Pacma explica que, festejos como el Torneo del Toro de la Vega o el Toro Júbilo, exceden de lo que el Reglamento Taurino permite hacer a los animales y que ambos han podido celebrarse porque tenían la consideración de “espectáculo taurino tradicional”.
Sin embargo, para poder mantener tal declaración, recordó que es preceptivo que, tras cualquier modificación de las bases reguladoras, los ayuntamientos deban presentarla ante la Junta, de manera que ésta dé su conformidad mediante una orden. Algo que, según Pacma, no se hizo desde Medinaceli tras la modificación de 2015.
Otro de los fundamentos de la demanda se basa en la muerte del toro utilizado en 2022. A criterio de Pacma, si, tal y como consta en la documentación veterinaria, el animal estaba en perfectas condiciones y, tal y como afirmó la Guardia Civil, no se había cometido ni una sola infracción de la normativa -lo que también sostuvo la delegada Territorial de la Junta, para archivar la denuncia interpuesta entonces por la formación- eso solo puede significar que lo que la normativa permite hacer a los toros, les puede causar la muerte. Esto, añade, implicaría, a su vez, que la misma no se habría adaptado al Decreto de 2016 por el que el Gobierno autonómico prohibió la muerte de los toros en público.
Asimismo, Pacma ha presentado un informe del veterinario José Enrique Záldivar, presidente de la Asociación de Veterinarios Abolicionistas de la Tauromaquia y del Maltrato Animal (Avatma), en el que se analizan los vídeos con los que el partido documentó el festejo de 2022, desde un punto técnico veterinario.
En la misma línea, el informe sostiene que el desarrollo del festejo permitido por la ordenanza puede provocar la muerte de los animales. En palabras del veterinario “por su desarrollo, en el Toro Júbilo, se dan todas las circunstancias para que ocurra tal fatalidad”. Así, concluye que la muerte del novillo en 2022 “no debe ser considerada como algo anecdótico, casual o accidental, sino como algo que puede suceder cuando se lleva a un organismo vivo más allá del límite de lo soportable”.
El partido también confía en que la magistrada, tras estudiar detenidamente sus argumentos y pruebas, les dé la razón, lo que a su juicio “comprometería seriamente” que el espectáculo pudiera volver a celebrarse en el futuro. “Estos cruentos festejos deberían estar prohibidos desde hace tiempo, pero, la realidad es que, mientras no tengamos gobiernos verdaderamente comprometidos contra el maltrato animal, no nos queda otra que seguir dedicando mucho tiempo y recursos a acabar con ellos, uno a uno, ante los tribunales”, sentenció Cristina García, abogada y vicepresidenta de Pacma.