La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, reconoció que el calendario de aplicación de la norma Euro 7 “debe ser viable” para la industria automovilística, por lo que consideró “importante” llegar a un acuerdo “cuanto antes” tanto desde el punto de vista técnico como de respaldo del conjunto de los estados miembros.
Todo ello al ser preguntada por la posibilidad de tratar hoy, en la reunión informal de los ministros de Medio Ambiente de los 27 países miembros que se celebra en el Museo Patio Herreriano de Valladolid, la flexibilización de las medidas de la norma Euro 7 planteada el pasado mes de junio en la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo.
Ribera, en declaraciones recogidas, puntualizó que las reuniones informales de ministros, como la de hoy, “no son espacios de decisión ni de proposición formal” e, incluso, apuntó que “no está previsto que ni siquiera se trate formalmente este asunto”.
Sin embargo, sí señaló que todos los estados miembros coinciden en la necesidad de “garantizar una coherencia en las sendas de descarbonización de nuestra economía”, lo que incluye “transporte y movilidad” con el objetivo de “mejorar la calidad del aire que ahora respiramos en nuestras ciudades”.
Este aspecto se encuentra incluido en las “distintas normas de la familia Euro 7” que la Comisión Europea propuso tanto al Parlamento comunitario como al Consejo de la UE, pero ante las que han mostrado su oposición ocho países, entre los que se encuentran Italia y Francia, y parte de la Cámara europea, lo que ha obligado a plantear en la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento una flexibilización, al menos, de las fechas de aplicación, previstas inicialmente para 2025.
“Es verdad que el calendario de aplicación de estas disposiciones debe ser viable también para que la industria incorpore las inversiones que resulten necesarias para poder impulsar, de forma razonable, esta transformación”, reconoció Ribera, ante la posibilidad de que la obligatoriedad de la puesta en marcha de las medidas para la industria automovilística se retrase, al menos, hasta 2026.
Por ello, Ribera apostó por fijar el objetivo de las próximas reuniones en “cómo gestionar el calendario” de manera que se refuerce “toda la orientación hacia la que el sector ha dedicado ya su inversión para fabricar coches eléctricos” y se vaya abandonando progresivamente la fabricación de coches de combustión “por consecuencia de un calendario”.
En todo caso, concluyó que la norma Euro 7 es “un expediente donde tanto técnicamente, como desde el punto de vista del respaldo del conjunto de los estados miembros, es importante llegar a un acuerdo cuanto antes”.