La Fiscalía rechazó hoy la prescripción de los delitos de tráfico de influencias y revelación de secretos solicitada por los abogados de los principales acusados en el caso de la ‘Perla Negra’, los exviceconsejeros de Economía Rafael Delgado y Begoña Hernández, que también denunciaron que se ha vulnerado el derecho de defensa de sus clientes al no haberse certificado la entrega de toda la documentación del caso y por dilaciones indebidas.
En la primera jornada del macrojuicio que arrancó esta mañana contra la excúpula de la Consejería de Economía de la Junta de Castilla y León cuando era dirigida por Tomás Villanueva, el Ministerio Fiscal rechazó la prescripción, dado que se trata delitos continuados, y explicó que el plazo de diez años comienza a contar desde febrero de 2015 y no desde de 2005 como sostuvo el abogado de Rafael Delgado.
La Fiscalía también rechazó que existan infracciones del derecho de defensa, tal y como sostuvieron los abogados de los principales acusados, a la vez que defendió la personación de la Junta como acusación de particular, dado que la Administración Autonómica tuvo que hacerse cargo de las deudas acumuladas por Gesturcal y ADE Parques por la actuación ilícita de los exviceconsejeros Rafael de Delgado y Begoña Hernández.
Por su parte, la abogada de la Junta también recalcó que la falta de certificación de la entrega es un error de forma, pero que no supone ninguna vulneración del derecho de defensa, ya que el 20 de mazo de 2023 todas las defensas fueron citadas para recibir toda la documentación, y destacó que desde entonces no se ha presentado ninguna alegación. Además, sobre la personación de la Junta en el caso, también recordó que fue un ofrecimiento de la Fiscalía y, al igual que la fiscal, recaló que fue la Junta la que tuvo que hacerse cargo de la deuda por la gestión inadecuada de los acusados y que ahora se juzga.
Desde la acusación popular, ejercida por el Partido Socialista de Castilla y León, también se argumentó que no hay lugar para prescripción de los delitos, dado que la misma se interrumpió con la actuación investigadora del juzgado.
Mientras tanto, el abogado de Begoña Hernández reclamó la nulidad de actuaciones por verse vulnerado el derecho de defensa y por el traslado incompleto de la causa. Además, como en el caso del abogado de Rafael Delgado, denunció que no se ha certificada la entrega de documentos y recalcó que además de faltar algunos documentos “no sabemos lo qué hay ni dónde está”.
También reclamó la nulidad del procedimiento, por dilaciones indebidas, ya que la fecha de la denuncia data de 2012, pero no fue hasta hasta 2017 cuando declaró su defendida ante sede judicial. Además, también criticó la falta de concesión del Ministerio Fiscal y aseguró que “ no sabemos de qué se nos acusa”.
En la misma línea se manifestó el abogado del exconsejero delegado de Gesturcal Juan Carlos Sacristán, que explicó que ha existido una “evidente” vulneración del derecho de defensa, a la vez que criticó la falta de certificación de entrega de la documentación y denunció la desorganización de los archivos entregados y la falta de concreción en las acusaciones a su defensor.
Como en la respuestas a las cuestiones planteadas por los abogados de Begoña Hernández y Rafael Delgado, la fiscal reconoció que aunque la información entregada no guarda un orden cronológico, algo que dificulta la tarea, aseguró que se trasladó a las defensas todo el procedimiento íntegro, por lo que no se puede argumentar indefensión.
Retraso
En la misma línea se pronunció la abogada de Salvador Molina, exdirector gerente de Gesturcal y director general de Proyectos de Polígonos Industriales, que también hizo referencia a dilaciones indebidas y a un retraso de la causa “injustificado”, a la vez que recordó que su cliente cuenta ahora con 82 años.
Mientras tanto el abogado de exdirector de la División Internacional de ADE Alberto Esgueva denunció la ausencia de concreción en los delitos que se le imputan a su cliente y aseguró los escritos de acusaciones del fiscal y de acusación pública ejercita por el PSOE, se han elaborado sin “base fáctica ni hechos concretos”. Estos argumentos fueron rechazadas por la Fiscalía, que recalcó que es la clara su convivencia con otros acusados del caso para alcanzar un beneficio económico ilícito.
El abogado del administrador de Ángel Román Montes, directivo de Urban Proyecta, también consideró que los delitos de los que se acusa a su cliente ya habían prescrito, mientras que fiscal volvió a recalcar que se trata de delitos continuados de tráfico de influencias y revelación de secretos y recalcó que citación a declarar del investigado en un auto de febrero 2015 no quedó sin efecto y solo se aplazó. En la misma línea alegó el abogado de Francisco Esgueva, empresario de Cementos la Bureba y Parque Empresarial Portillo, que consideró prescritos los delitos.
El juicio se reanudará el próximo lunes, a partir de las 9.30 horas con la resolución de las cuestiones previas planteadas por las partes. Ese día, según anunció el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincia, también se iniciará la declaración de los testigos.