Las Cortes de Castilla y León aprobaron hoy la proposición no de ley del Grupo Popular para que se mantenga la actividad en la estación de esquí de Navacerrada y cese “el acoso y aversión” del Gobierno central hacia la empresa concesionaria y hacia la Comunidad en sus decisiones, entre ellas un conflicto de competencias que está en los tribunales.
La propuesta de resolución de tres puntos contó con el apoyo de Vox, que arremetió contra los argumentos “ideológicos” esgrimidos por el Gobierno de Sánchez, la abstención de UPL-Soria Ya y de Por Ávila y Ciudadanos y en contra de PSOE y Podemos.
En la presentación de la PNL, José Luis Sanz Merino recordó que hace dos años se aprobó una iniciativa para mantener la actividad de la estación de esquí de Navacerrada y subrayó que ahora se ven obligados a presentar una propuesta ante “la falta de sensibilidad” con la demanda y “la aversión a Castilla y León”.
Así, criticó a la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, por presentar “un absurdo” conflicto de competencias que ha tenido que residenciarse en los tribunales, a lo que unió una resolución contra la empresa explotadora de la estación de esquí con fecha 6 de julio de 2022, extinguiendo la concesión de aguas en el arroyo “El Telégrafo” de la Confederación Hidrográfica del Duero.
También, se refirió a la CHD al ordenar al ayuntamiento concesionario, que calificó de “cómplice de la operación ministerial”, a desmantelar la totalidad de las instalaciones al servicio de la concesión previamente extinguida y de la que depende la fabricación de nieve artificial en la estación de esquí.
En concreto la PNL aprobada, insta a solicitar que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico “deje de adoptar decisiones que impidan la continuidad de la estación de esquí de Navacerrada, procediendo a desistir de cualquier proceso judicial iniciado en sentido contrario”.
Igualmente, que el Organismo Autónomo Parques Nacionales dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y para el Reto Demográfico (MITECO) tramite una nueva concesión de uso privativo de las instalaciones de esquí de las tres pistas de Navacerrada en la vertiente segoviana de la misma.
Por último, pide el cese del “acoso político” a la empresa explotadora de la estación de esquí de Navacerrada mediante “decisiones unilaterales e injustificadas” y se proceda a “la revocación inmediata” de las resoluciones de la Confederación Hidrográfica del Duero, por las que se acordó la extinción de la concesión de agua en el arroyo “El Telégrafo” destinado a la fabricación de nieve artificial.
Por parte de Vox, Susana Suárez acusó al PSOE “de arrasar con todo para imponer su rodillo ideológico de cambio climático”, calificó de “ataque a la Región” la no renovación de la concesión de “la cuna de esquí” de España y sostuvo que es un destino de montaña con la creación de riqueza y motor económico de la Sierra de Guadarrama, junto con la práctica de ocio y deporte. “No permitiremos que Sánchez meta sus manos en nuestro patrimonio”, aseveró.
“Aquí hemos escuchado auténticas barbaridades”, arrancó el socialista José Luis Vázquez, que recordó que la Junta “nunca ha llevado a nadie a esquiar a Navacerrada”, añadió que no ha cumplido con la petición de dialogar con la empresa concesionaria y comparó la infraestructura existente en la vertiente madrileña con la dejadez en la segoviana.
Vázquez enseñó una fotografía que refleja el abandono en aparcamiento, carreteras y otras dotaciones en el Alto de Navacerrada, tildó de “electoralista” la PNL del PP e instó a que la Junta suscriba un convenio con el Gobierno para potenciar esta estación de esquí y sus alrededores. “En vez de propuestas de mala fe, sería deseable iniciativas positivas”, concluyó.
La procuradora de Soria Ya, Vanessa García, saludó que el tema afecte a Castilla y León y “no se pierda el tiempo” con asuntos que se deben sustanciar en el Congreso o Senado, aprovechó su intervención para reivindicar la mejora del punto de nieve de Santa Inés y expresó la comprensión, “sin entrar en sainetes políticos”, de los vecinos de la zona de Navacerrada. “Obligar a cerrar, sin ofrecer nada a cambio es una política muy poco acertada para luchar contra la despoblación”, afirmó, para instar a la Junta y al Gobierno a dialogar.